Von Wedemeyer dijo que el Estado peruano no está calificado para realizar actividades empresariales y su labor debiera concentrarse en mejorar y dar más acceso a la educación y a la salud, así como combatir la pobreza.
El Estado Peruano tiene la obligación de respetar y hacer respetar los contratos que se suscriben en su nombre, pues de lo contrario no sólo se está vulnerando la credibilidad del país y ahuyentando a la inversión, sino que también se infringe la Constitución de Perú, que establece que un contrato no puede ser modificado por ley (artículo 62); además, que el Estado no puede realizar una actividad empresarial a menos que responda a un alto interés del país (artículo 60).
“Existe un contrato firmado con una empresa para que opere temporalmente por dos años el lote 192. Por tanto, la autorización otorgada por el Congreso sólo puede ser legalmente implementada cuando finalice el contrato con ésta. Eso significa que cualquier acción antes de ello sería abiertamente inconstitucional”, señaló Jorge von Wedemeyer Knigge, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Así también, la Constitución peruana permite que el Estado realice subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, siempre que responda a un alto interés público o sea de manifiesta conveniencia nacional. “Si bien se cumple con la parte formal de autorización por ley expresa, es altamente cuestionable que existan aquí razones de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. En cambio, hay en esta aprobación legislativa una carga altamente política que obedece a intereses particulares”, precisó.
Von Wedemeyer Knigge agregó que el Estado peruano no está calificado para realizar actividades empresariales, y su labor debiera concentrarse en mejorar y dar más acceso a la educación y a la salud, así como combatir la pobreza. “Lamentablemente, no se completó la reforma del Estado que se inició en los noventa, y es por eso que ahora sufrimos las consecuencias de un Estado que aún mantiene empresas públicas ineficientes. Hacer que esta reforma se complete es parte de la agenda que está pendiente, y que debe llevar a cabo el próximo gobierno”, dijo Jorge von Wedemeyer.
El dirigente empresarial aclaró que con respecto a la decisión del Congreso, el texto aprobado autoriza a Perúpetro a otorgarle a Petroperú la operación de dicho lote, siempre que se haya realizado una evaluación previa. “Esa evaluación existe e indica que Petroperú no tiene capacidad para operar dicho lote. El mismo directorio de Petroperú lo ha reconocido. Y a pesar de ello, el Congreso le estaría imponiendo una participación en un lote que se encuentra en etapa de producción declinante, con pasivos ambientales que faltan remediar; además de un contexto desfavorable para la inversión por el bajo precio del petróleo”, acotó el presidente de la CCL.
Recordó que las empresas petroleras estatales que existen en la región son un claro ejemplo de una mala gestión. “Tenemos los casos recientes de la brasilera Petrobras, la mexicana Pemex y la venezolana PDVSA. Todas adolecen de ineficiencia y corrupción que se han generado de la intervención política. Sólo Ecopetrol tiene una buena gestión, porque tiene un directorio independiente y se administra con criterios de empresa privada”, dijo Von Wedemeyer Knigge. (bizusaperu.com)
El Estado Peruano tiene la obligación de respetar y hacer respetar los contratos que se suscriben en su nombre, pues de lo contrario no sólo se está vulnerando la credibilidad del país y ahuyentando a la inversión, sino que también se infringe la Constitución de Perú, que establece que un contrato no puede ser modificado por ley (artículo 62); además, que el Estado no puede realizar una actividad empresarial a menos que responda a un alto interés del país (artículo 60).
“Existe un contrato firmado con una empresa para que opere temporalmente por dos años el lote 192. Por tanto, la autorización otorgada por el Congreso sólo puede ser legalmente implementada cuando finalice el contrato con ésta. Eso significa que cualquier acción antes de ello sería abiertamente inconstitucional”, señaló Jorge von Wedemeyer Knigge, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Así también, la Constitución peruana permite que el Estado realice subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, siempre que responda a un alto interés público o sea de manifiesta conveniencia nacional. “Si bien se cumple con la parte formal de autorización por ley expresa, es altamente cuestionable que existan aquí razones de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. En cambio, hay en esta aprobación legislativa una carga altamente política que obedece a intereses particulares”, precisó.
Von Wedemeyer Knigge agregó que el Estado peruano no está calificado para realizar actividades empresariales, y su labor debiera concentrarse en mejorar y dar más acceso a la educación y a la salud, así como combatir la pobreza. “Lamentablemente, no se completó la reforma del Estado que se inició en los noventa, y es por eso que ahora sufrimos las consecuencias de un Estado que aún mantiene empresas públicas ineficientes. Hacer que esta reforma se complete es parte de la agenda que está pendiente, y que debe llevar a cabo el próximo gobierno”, dijo Jorge von Wedemeyer.
El dirigente empresarial aclaró que con respecto a la decisión del Congreso, el texto aprobado autoriza a Perúpetro a otorgarle a Petroperú la operación de dicho lote, siempre que se haya realizado una evaluación previa. “Esa evaluación existe e indica que Petroperú no tiene capacidad para operar dicho lote. El mismo directorio de Petroperú lo ha reconocido. Y a pesar de ello, el Congreso le estaría imponiendo una participación en un lote que se encuentra en etapa de producción declinante, con pasivos ambientales que faltan remediar; además de un contexto desfavorable para la inversión por el bajo precio del petróleo”, acotó el presidente de la CCL.
Recordó que las empresas petroleras estatales que existen en la región son un claro ejemplo de una mala gestión. “Tenemos los casos recientes de la brasilera Petrobras, la mexicana Pemex y la venezolana PDVSA. Todas adolecen de ineficiencia y corrupción que se han generado de la intervención política. Sólo Ecopetrol tiene una buena gestión, porque tiene un directorio independiente y se administra con criterios de empresa privada”, dijo Von Wedemeyer Knigge. (bizusaperu.com)