Miami (3 de septiembre de 2015).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la denuncia contra el periódico El Telégrafo de Uruguay por difundir imágenes tomadas por un drone sobre destrozos ocurridos en una empresa, al considerar que el medio informó de asuntos de interés público utilizando una legítima y nueva herramienta de trabajo.
El Telégrafo de Paysandú registró con un drone y publicó en el diario en junio pasado los destrozos en uno de los galpones de la planta Nuevo Paysandú, propiedad de Alcoholes del Uruguay (ALUR). La empresa, que no había informado oficialmente del accidente, denunció al periódico por el uso del aparato con fines periodísticos. Pocos días después de la publicación de la información en el diario, ALUR emitió un comunicado.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, aunque recordó que “cualquier limitación al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”, también admitió que “las nuevas tecnologías han traído nuevas complejidades y debates”.
Mohme, director del diario peruano La República, advirtió que “en varios países se corre el riesgo que los legisladores traten de crear prohibiciones para el periodismo en vez de regulaciones que permitan que las nuevas tecnologías sean utilizadas para el bien común y el derecho del público a la información”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, afirmó por su parte que “los periodistas de El Telégrafo simplemente hicieron periodismo legítimo utilizando una nueva herramienta de trabajo que permite registrar hechos de interés público de una nueva manera”.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, aseveró que en este caso “no sólo no se violó ninguna ley sino que los periodistas le hicieron un bien a la sociedad al ponerla al tanto de una situación que involucra instalaciones de una empresa cuyos capitales son fondos públicos de Uruguay y Venezuela. La denuncia de ALUR y tramitada por la Dinacia (Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica), representa un ataque a la libertad de expresión y el derecho del público a estar informado”.
Tras una querella presentada por la empresa ALUR contra El Telégrafo, el organismo que regula el uso de drones en Uruguay, Dinacia, emplazó el 30 de agosto al periódico. La citación solicitó al diario que informe sobre “las especificaciones técnicas del drone utilizado (tales como peso, dimensiones, etc.), nombre y demás datos personales del propietario del drone así como el nombre y demás datos personales de quien operó el mismo en la fecha mencionada”.
En varios países latinoamericanos se estudia nueva legislación sobre el uso de drones, como en Perú y Argentina. También en Estados Unidos la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) impuso como norma que el uso de drones para fines comerciales debe ser autorizado previamente, incluyendo la producción de noticias, lo que provocó ríspidos debates. Medios de comunicación como el diario The New York Times y la agencia Associated Press, replicaron que la recopilación de noticias no tiene un fin comercial, sino que es un derecho constitucional.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org
El Telégrafo de Paysandú registró con un drone y publicó en el diario en junio pasado los destrozos en uno de los galpones de la planta Nuevo Paysandú, propiedad de Alcoholes del Uruguay (ALUR). La empresa, que no había informado oficialmente del accidente, denunció al periódico por el uso del aparato con fines periodísticos. Pocos días después de la publicación de la información en el diario, ALUR emitió un comunicado.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, aunque recordó que “cualquier limitación al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”, también admitió que “las nuevas tecnologías han traído nuevas complejidades y debates”.
Mohme, director del diario peruano La República, advirtió que “en varios países se corre el riesgo que los legisladores traten de crear prohibiciones para el periodismo en vez de regulaciones que permitan que las nuevas tecnologías sean utilizadas para el bien común y el derecho del público a la información”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, afirmó por su parte que “los periodistas de El Telégrafo simplemente hicieron periodismo legítimo utilizando una nueva herramienta de trabajo que permite registrar hechos de interés público de una nueva manera”.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, aseveró que en este caso “no sólo no se violó ninguna ley sino que los periodistas le hicieron un bien a la sociedad al ponerla al tanto de una situación que involucra instalaciones de una empresa cuyos capitales son fondos públicos de Uruguay y Venezuela. La denuncia de ALUR y tramitada por la Dinacia (Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica), representa un ataque a la libertad de expresión y el derecho del público a estar informado”.
Tras una querella presentada por la empresa ALUR contra El Telégrafo, el organismo que regula el uso de drones en Uruguay, Dinacia, emplazó el 30 de agosto al periódico. La citación solicitó al diario que informe sobre “las especificaciones técnicas del drone utilizado (tales como peso, dimensiones, etc.), nombre y demás datos personales del propietario del drone así como el nombre y demás datos personales de quien operó el mismo en la fecha mencionada”.
En varios países latinoamericanos se estudia nueva legislación sobre el uso de drones, como en Perú y Argentina. También en Estados Unidos la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) impuso como norma que el uso de drones para fines comerciales debe ser autorizado previamente, incluyendo la producción de noticias, lo que provocó ríspidos debates. Medios de comunicación como el diario The New York Times y la agencia Associated Press, replicaron que la recopilación de noticias no tiene un fin comercial, sino que es un derecho constitucional.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org
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