Las autoridades
seguían reprimiendo a activistas pacíficos y disidentes, acosando a escritores,
comentaristas activos en Internet y otras personas que ejercían su derecho a la
libertad de expresión manifestando opiniones contrarias a las políticas del
gobierno.
Tras el anuncio de la
decisión de romper las relaciones con Qatar, las autoridades advirtieron de que
las expresiones de afinidad con ese país y las críticas a las medidas del
gobierno se considerarían un delito punible en aplicación del artículo 6 de la
Ley de Delitos Informáticos. Seguían prohibidas todas las concentraciones
públicas, incluidas las manifestaciones pacíficas, en virtud de una orden
dictada por el Ministerio del Interior en 2011.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Dos años después de
la aprobación de la ley de asociaciones no se había creado ninguna nueva
organización independiente de derechos humanos en aplicación de sus
disposiciones. Las organizaciones independientes de derechos humanos que habían
sido clausuradas, como la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, la
Unión por los Derechos Humanos, el Centro Adala de Derechos Humanos y el
Observatorio de Derechos Humanos en Arabia Saudí, siguieron inactivas. Casi
todos sus integrantes habían sido declarados culpables y condenados, habían
huido del país o habían sido llevados ante el Tribunal Penal Especializado para
ser juzgados.
En octubre, las
autoridades aprobaron una nueva Ley Antiterrorista que sustituía a la de
febrero de 2014 e introducía condenas específicas para los delitos de
“terrorismo”, incluida la pena de muerte. La Ley seguía usando una definición
de los actos de terrorismo imprecisa y demasiado general, que permitía que
fuera usada como instrumento para reprimir aún más la libertad de expresión y a
los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Las autoridades
continuaban deteniendo, enjuiciando y condenando a defensores y defensoras de
los derechos humanos por cargos imprecisos, basados en su mayor parte en la Ley
Antiterrorista de febrero de 2014. Por ejemplo, los 11 miembros fundadores de
la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, que las autoridades habían
cerrado en 2013, fueron condenados a prisión.
Tras ver confirmada
su condena en apelación, Abdulaziz al Shubaily, defensor de los derechos
humanos y miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y
Políticos, fue detenido en septiembre para empezar a cumplir su condena de ocho
años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante otros ocho y de
escribir en las redes sociales. Había sido declarado culpable de, entre otros
cargos, “ofender la integridad del sistema judicial y de los jueces” y “violar
el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos” al “incitar a la opinión
pública contra los gobernantes del país y firmar declaraciones publicadas en
Internet en las que se pedía a la gente que se manifestara”.
A principios de
enero, el ingeniero informático y activista de derechos humanos Essam Koshak
fue citado para ser interrogado; le preguntaron de forma insistente sobre su
cuenta de Twitter. Su juicio ante el Tribunal Penal Especializado comenzó el 21
de agosto. Se enfrentaba a varios cargos relacionados con su activismo en
Internet.
El 21 de agosto se
inició en el Tribunal Penal Especializado el juicio contra el defensor de los
derechos humanos Issa al Nukheifi. Se enfrentaba a varios cargos relacionados
con sus publicaciones en Twitter. Había sido detenido el 18 de diciembre de
2016, y al finalizar 2017 permanecía recluido en la prisión general de La Meca.
Detención y reclusión arbitrarias
Los servicios de
seguridad seguían practicando detenciones arbitrarias y recluyendo a personas
sin cargos ni juicio durante periodos largos sin remisión a un tribunal
competente, lo que vulneraba el Código de Procedimiento Penal. Con frecuencia
se mantenía a los detenidos en régimen de incomunicación durante los
interrogatorios y se les negaba el acceso a abogados, lo que incumplía las
normas internacionales sobre juicios justos.
En febrero, el Grupo
de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que Ali al Nimr,
Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoon, tres jóvenes detenidos por cargos
relacionados con protestas y que corrían riesgo inminente de ejecución, estaban
recluidos arbitrariamente. El Grupo de Trabajo declaró que se les había privado
de libertad sin ningún fundamento jurídico, pues habían sido enjuiciados y
condenados basándose en leyes promulgadas dos años después de su detención, lo
que era contrario al derecho internacional.
En septiembre, las
autoridades practicaron una serie de detenciones que afectó a más de 20
destacadas figuras religiosas, escritores, periodistas e intelectuales.
En noviembre
detuvieron a centenares de funcionarios, exfuncionarios y empresarios sin
revelar detalles de los cargos formulados contra ellos. Algunos quedaron en
libertad posteriormente, al parecer tras llegar a un acuerdo económico.
Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros
malos tratos bajo custodia continuaban siendo práctica habitual y generalizada.
Los tribunales seguían declarando culpables a los acusados y confirmando
condenas a muerte basándose en controvertidas “confesiones” hechas en prisión
preventiva. Los agentes de seguridad continuaban sometiendo a personas
detenidas a torturas y otros malos tratos con total impunidad.
En julio se comunicó
por teléfono a las familias de 14 hombres condenados a muerte por cargos
relacionados con protestas la confirmación de sus condenas. Había documentación
judicial según la cual los 14 hombres habían sido sometidos a detención
prolongada previa al juicio y habían denunciado haber sido objeto de tortura y
malos tratos durante su interrogatorio para obtener “confesiones”. En la
imposición de las condenas, aparentemente el Tribunal Penal Especializado se
basó sobre todo en las “confesiones” como prueba contra los procesados, sin
investigar sus denuncias de tortura.
Pena de muerte
Los tribunales
siguieron imponiendo la pena de muerte por diversos delitos, como los de
drogas, o por conductas que según las normas internacionales no deberían
penalizarse, como la “hechicería” y el “adulterio”. Muchas personas fueron
condenadas a muerte en juicios injustos ante tribunales que las declararon
culpables sin investigar adecuadamente las denuncias de que sus “confesiones”
habían sido obtenidas mediante coacción, incluida tortura. Por lo general, las
autoridades no informaban a las familias de los condenados de su ejecución
inminente ni inmediatamente después de ella.
El 11 de julio,
Yussuf Ali al Mushaikhass, padre de dos hijos, fue ejecutado junto con otros
tres hombres por delitos de terrorismo relacionados con protestas
antigubernamentales celebradas en la Provincia Oriental entre 2011 y 2012. Su
familia no supo de la ejecución hasta después de que fuera llevada a cabo,
cuando vieron un anuncio del gobierno en la televisión. Al parecer, el tribunal
había basado en gran medida la declaración de culpabilidad en “confesiones”
que, según había declarado Yussuf al Mushaikhass ante él, se habían obtenido
mediante tortura y otros malos tratos.
El 13 de septiembre
fue ejecutado Said al Saiari. Había sido condenado a muerte por el Tribunal
General de Nayran en 2013, a pesar de haberse determinado que no había pruebas
suficientes para declararlo culpable. Al dictar su fallo, el tribunal se basó
en las declaraciones juradas del padre de la víctima, que, aunque no había
estado presente en el lugar del asesinato, creía que Said al Saiari era el
responsable.
Raif Badawi, en
árabe, رائف بدوي, también conocido como Raef Badawi,1 nacido el 13 de enero de
1984,2 es un bloguero y defensor de derechos humanos de Arabia Saudita y
creador del sitio de Internet Free Saudi Liberals (Liberen a los Liberales
Sauditas).
Badawi fue detenido
en 2012 por la imputación de haber «insultado al islam por medios electrónicos»
y luego enfrentó varias acusaciones más, incluyendo apostasía. En 2013 se le
condenó por varias imputaciones y recibió siete años en la cárcel y 600
latigazos. En 2014 se aumentó su sentencia a 10 años, 1000 latigazos y una
multa. Los latigazos se iban a llevar sobre un período de 20 semanas.
Se administraron los
50 primeros latigazos el 9 de enero de 2015.3 Su esposa Ensaf Haidar dijo,
después de oír de los restallidos: «Lo que sentí es algo que no puedo
describir. Fue una mezcla indescriptible de tristeza y dolor... Fue
dolorosamente horrible imaginar lo que sufrió Raif.»4 También comentó,
«Aprecio toda la atención que el caso de Raif ha conseguido. Ojalá que todos
los gobiernos del mundo intensificarán sus esfuerzos para presionar a las
autoridades a acabar con lo que intentan hacer a mi esposo.”
“Creo que pueden
hacerlo si hablan directamente con el gobierno saudí.»5 Fueron pospuestos más
latigazos6 porque las heridas del primer castigo no habían sanado y su estado
de salud estaba deteriorado.7 Raif es diabético y de complexión muy delgada.8
Iba a recibir el mismo castigo de 50 latigazos cada viernes durante 18 semanas
hasta que se cumpliera la sentencia.6
Según publica la organización "Amnistía
Internacional":
El 1 de septiembre de
2014, Raif Badawi fue condenado en firme a la pena de 10 años de prisión, así
como a recibir 1000 latigazos, a la prohibición de viajar durante 10 años, a la
prohibición de utilizar medios informáticos y a una multa de un millón de
riyales saudíes (lo que equivale a unos 266,600 dólares estadounidenses).
El motivo de tal
condena no es otro que haber creado un sitio web llamado “Free Saudi Liberals”
(ya cerrado por un tribunal al considerar que “insultaba al islam”). En este
sitio web se permitía el debate político y social y se publicaban de forma
anónima comentarios considerados ofensivos para el islam por las autoridades
religiosas.
El procedimiento
judicial que se ha seguido para condenarle ha estado plagado de
irregularidades. En un primer momento se le quiso condenar por un delito de
apostasía (castigado con la muerte) pero finalmente fue condenado en 2013 a la
pena de 7 años de prisión y a recibir 600 latigazos. En una revisión posterior,
la condena aumentó a 10 años de prisión y a recibir 1000 latigazos.
Raif Badawi es un
preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su
derecho a la libertad de expresión y, por lo tanto, debe ser puesto en libertad
de forma inmediata e incondicional.
REPORTER OHNE GRENZEN ARABIA SAUDITA CERCA AL ÚLTIMO PUESTO EN LIBERTAD DE PRENSA
