Incluso, el presidente Alejandro Gimmattei, dijo que van iniciar acciones penales en contra de quienes publiquen información que pueda generar alarma o zozobra en la población.
El 26 de marzo de 2020, Ana Lucía Gudiel, responsable de relaciones públicas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, anunció que iniciaría un proceso judicial por difamación y violencia psicológica en contra de los periodistas Marvin David Del Cid y Sonny Armando Figueroa.
El 25 de marzo, ambos periodistas publicaron un artículo en los periódicos digitales articulo35.com/ y voxpopuliguate.com en el que denunciaron un posible caso de corrupción por parte Hugo Roberto Monroy Castillo, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, al designar como portavoz del Ministerio a Gudiel, mejor amiga de la hija del funcionario.
Asimismo, el artículo denunciaba la falta de transparencia en la comunicación de la información sobre la crisis del COVID-19 en Guatemala por parte de la portavoz del Ministerio de Salud Pública, así como la restricción a canales de comunicación a algunos periodistas.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Unidad para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) destacan que Del Cid y Figueroa han dado a conocer numerosas investigaciones periodísticas desde el inicio del mandato del presidente Alejandro Giammattei en enero de 2020 y que develan posibles casos de corrupción por parte de funcionarios públicos del Gobierno de Guatemala.
A raíz de la publicación de estos artículos, se ha observado la existencia de una campaña de difamación y estigmatización contra los dos periodistas en diversas redes sociales, exacerbada por las palabras de Giammattei, quien ha señalado en diversas ocasiones y de manera pública que ambos periodistas estarían actuando con “intencionalidad política” al publicar dichas informaciones.
El más reciente ataque contra Del Cid y Figueroa se dan en un contexto de crisis global de salud pública provocada por la pandemia de COVID-19- Coronavirus- por el que el Gobierno de Guatemala decretó el pasado 12 de marzo el Estado de Calamidad Pública. A nuestras organizaciones les preocupa el uso que de ello pueda hacer el Ejecutivo para limitar la libertad de prensa, esencial ante cualquier crisis de salud pública, y los derechos humanos en general.
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