Hans-Peter Firbas. – Los periodistas profesionales no sólo nos comunicamos dentro de los parámetros y normas de la ética de nuestra actividad, sino además conocemos las leyes nacionales y tratados internacionales que amparan el trabajo que desempeñamos.
Al menos, en mi caso, la tengo clara qué significa difamar, injuriar o calumniar, pero el valor de arriesgarse a ser denunciado es mayor, si el asunto es investigar a personas o instituciones públicas para dar a conocer delitos no interceptados por las autoridades.
A diferencia que, en México, por ejemplo, el comunicador que denuncia en un medios o red social un delito o a un corrupto, es muy probable que sea asesinado a mansalva. En Perú la respuesta no es violenta, pero utilizando a la justicia y a jueces nada neutrales u honestos, buscan callar la denuncia vistiéndola de delito de difamación o similar. Ambos países han recibido un sin número de condenas de la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero, recordando a un colega, “aquí no pasa nada”.
La SIP se ha dirigido muchas veces al Poder Judicial y al Gobierno de Perú para que se detenga de una vez por todas la tendencia absurda de penalizar las opiniones, contraviniendo normas y jurisprudencias vigentes, que se deben cumplir sobre las libertades de prensa y opinión. Entro al caso de Erick Osores, condenado a un año de prisión suspendida y al pago de diez mil soles por decirle a un ex dirigente que era ‘un inepto’.
“Al periodista que le tiembla la mano cuando escribe o la boca cuando habla no es periodista”, leí hoy en el Diario Todo Sport, en una excelente columna de su director Fernando Jiménez, quien es uno de los pocos que ha salido en defensa de Osores, ya que los medios se limitaron a informar sobre la sentencia y no denunciar la gravedad que esta significa para el natural desarrollo democrático de una nación que se mueve dentro del tablero de ajedrez sin manipular sus piezas erróneamente y menos valerse de trampas.
Ya en el 2016, si la fecha no escapa de mis recuerdos, la Sociedad Interamericana de Prensa remitió un exhorto a la Corte Superior de Justicia para evitar recibir denuncias de ciudadanos o instituciones de diversa índole que están siendo investigados por periodistas por actos de corrupción u otros delitos. Más aún, la sentencia contra Osores no sólo es aberrante, sino digna de gobiernos autoritarios. Acá no defendemos a Osores ni a nadie. El punto del análisis es que usted, amigo colega, si alguna vez le dice a un árbitro que es incapaz puede terminar sufriendo la misma condena.
La justicia decente sabe diferenciar lo que significa una persona pública, el alcance del derecho de intimidad y si una investigación tiene características de ser de interés de un grupo grande de ciudadanos o simplemente el periodista está utilizando su medio para atacar a alguien con adjetivos calificativos que no poseen conexión con el contenido periodístico. Si la denuncia es acerca de un asunto de salud pública y se compromete la vida de personas, sería el colmo que un magistrado acuse al periodista que está descubriendo la corrupción que conduce el quiebre de la salubridad de un país por injuria, calumnia o difamación.
Me ubico al otro extremo, ya que sea uno u otro el ítem, por ejemplo, yo no puedo escribir una nota diciendo que el congresista X es un homosexual, ya que estoy violando su derecho de intimidad e irrespetando su derecho al honor. El periodismo peruano está dejando pasar esto como algo anecdótico. Lamentablemente hasta que a uno mismo no le pase, el gremio está carente de reacción.
Reporteros Sin Fronteras nos ubica en el puesto 90 de 180 países investigados en lo referente a la libertad de prensa y expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa en su último informe anual advierte lo que está sucediendo con los periodistas y la justicia en Perú. Y referirnos al jefe de un estado o a un jugador de fútbol es lo mismo, siempre que el periodista actúe dentro de los límites de la ley.
No interesa quién ha sido la víctima del juez. Lo que realmente es inaceptable es judicializar las opiniones o que los delincuentes utilicen a jueces para amedrentar las investigaciones periodísticas.
Muchas de ellas han sido de tal magnitud y de una impecable labor, que ni las autoridades del país se percataron de las ilegalidades. Si prefieren, terminaremos como los pobres colegas mexicanos, quienes uno tras otro mueren y mueren defendiendo la verdad y su digno trabajo.
