domingo, 24 de diciembre de 2017
domingo, 17 de diciembre de 2017
Presidente de la SIP anuncia a las nuevas autoridades de la organización
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gustavo Mohme, anunció los nombres de los nuevos presidentes de comisiones de la organización que lo acompañaran durante su mandato en el período 2017-2018.
Mohme, director del diario La República de Lima y ex presidente de la SIP (2014-2915), fue elegido por segunda ocasión para dirigir la organización. En su discurso inaugural durante la asamblea general celebrada en Salt Lake City Utah, invocó a los socios y a las autoridades a "brindar su esfuerzo y sabiduría para seguir luchando unidos por aquellos que no tienen voz y para defender la libertad de prensa en nuestro continente, ya que la fortaleza de nuestra institución no depende sólo del liderazgo, sino de la entrega de cada uno de ustedes".
"La libertad de prensa merece nuestra mayor atención y los convoco a acompañarme en la tarea, los periodistas asesinados en los últimos años nos lo exigen, y un sinnúmero de periodistas amenazados por ejercer esta noble profesión nos lo demandan", expresó Mohme que sucede en el cargo a Matt Sanders, de Salt Lake City, Utah, quien encabezará la Comisión de Nominaciones de la SIP.
Las autoridades elegidas por la Comisión de Nominaciones, además de Mohme, incluyen al presidente honorario vitalicio, Scott C. Schurz, Herald-Times, Bloomington, EE.UU.; a la primera vicepresidenta, María Elvira Domínguez, El País, Cali, Colombia; el segundo vicepresidente, Christopher Barnes, The Gleaner, Kingston, Jamaica; el tesorero, José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador; al secretario, Bartolomé Mitre, La Nación, Buenos Aires, Argentina y al director ejecutivo, Ricardo Trotti. El Comité Ejecutivo estará presidido por Jorge Canahuati, de Grupo OPSA, San Pedro Sula, Honduras.
El Instituto de Prensa, brazo educativo de la SIP, lo encabezan Fabricio Altamirano, El Diario de Hoy, San Salvador, El Salvador y Silvia Miró Quesada, El Comercio, Lima, Perú. El Fondo de Becas lo dirigirá María Catalina Saieh, Copesa, Santiago, Chile.
Los presidentes de las comisiones de trabajo que acompañan a Mohme son:
Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, La Silla Rota, Ciudad de México, México.
Comisión de Chapultepec, Gilberto Urdaneta, El Regional del Zulia, Ciudad Ojeda, Venezuela.
Comisión de Impunidad, Juan Francisco Ealy Lanz-Duret, El Universal, Ciudad de México, México.
Comisión de Asuntos Internacionales, Miguel Henrique Otero, El Nacional, Caracas, Venezuela.
Comisión de Premios, Marcel Granier, RCTV, Caracas, Venezuela.
Comisión de Finanzas, Hugo Holmann, La Prensa, Managua, Nicaragua.
Comisión de Auditoría, María Eugenia Mohme, La República, Lima, Perú.
Comisión Legal, Gonzalo Zegarra, Semana Económica, Lima, Perú.
Comisión de Nuevos Socios, Marcela Noble Herrera, Clarín, Buenos Aires, Argentina.
Comisión de Recaudación y Recursos, Rolando Archila, Publinews, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Comisión de Internet, Ernesto Kraiselburd, El Día, La Plata, Argentina.
Comisión de Sedes Futuras, Eduardo Quijano, La Prensa, Panamá, Panamá.
Comisión de Inversiones, Jorge Canahuati, Grupo OPSA, San Pedro Sula, Honduras.
Mohme, director del diario La República de Lima y ex presidente de la SIP (2014-2915), fue elegido por segunda ocasión para dirigir la organización. En su discurso inaugural durante la asamblea general celebrada en Salt Lake City Utah, invocó a los socios y a las autoridades a "brindar su esfuerzo y sabiduría para seguir luchando unidos por aquellos que no tienen voz y para defender la libertad de prensa en nuestro continente, ya que la fortaleza de nuestra institución no depende sólo del liderazgo, sino de la entrega de cada uno de ustedes".
"La libertad de prensa merece nuestra mayor atención y los convoco a acompañarme en la tarea, los periodistas asesinados en los últimos años nos lo exigen, y un sinnúmero de periodistas amenazados por ejercer esta noble profesión nos lo demandan", expresó Mohme que sucede en el cargo a Matt Sanders, de Salt Lake City, Utah, quien encabezará la Comisión de Nominaciones de la SIP.
Las autoridades elegidas por la Comisión de Nominaciones, además de Mohme, incluyen al presidente honorario vitalicio, Scott C. Schurz, Herald-Times, Bloomington, EE.UU.; a la primera vicepresidenta, María Elvira Domínguez, El País, Cali, Colombia; el segundo vicepresidente, Christopher Barnes, The Gleaner, Kingston, Jamaica; el tesorero, José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador; al secretario, Bartolomé Mitre, La Nación, Buenos Aires, Argentina y al director ejecutivo, Ricardo Trotti. El Comité Ejecutivo estará presidido por Jorge Canahuati, de Grupo OPSA, San Pedro Sula, Honduras.
El Instituto de Prensa, brazo educativo de la SIP, lo encabezan Fabricio Altamirano, El Diario de Hoy, San Salvador, El Salvador y Silvia Miró Quesada, El Comercio, Lima, Perú. El Fondo de Becas lo dirigirá María Catalina Saieh, Copesa, Santiago, Chile.
Los presidentes de las comisiones de trabajo que acompañan a Mohme son:
Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, La Silla Rota, Ciudad de México, México.
Comisión de Chapultepec, Gilberto Urdaneta, El Regional del Zulia, Ciudad Ojeda, Venezuela.
Comisión de Impunidad, Juan Francisco Ealy Lanz-Duret, El Universal, Ciudad de México, México.
Comisión de Asuntos Internacionales, Miguel Henrique Otero, El Nacional, Caracas, Venezuela.
Comisión de Premios, Marcel Granier, RCTV, Caracas, Venezuela.
Comisión de Finanzas, Hugo Holmann, La Prensa, Managua, Nicaragua.
Comisión de Auditoría, María Eugenia Mohme, La República, Lima, Perú.
Comisión Legal, Gonzalo Zegarra, Semana Económica, Lima, Perú.
Comisión de Nuevos Socios, Marcela Noble Herrera, Clarín, Buenos Aires, Argentina.
Comisión de Recaudación y Recursos, Rolando Archila, Publinews, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Comisión de Internet, Ernesto Kraiselburd, El Día, La Plata, Argentina.
Comisión de Sedes Futuras, Eduardo Quijano, La Prensa, Panamá, Panamá.
Comisión de Inversiones, Jorge Canahuati, Grupo OPSA, San Pedro Sula, Honduras.
CERRAMOS EL AÑO CON OPTIMISMO POR EL APOYO A LA NIÑEZ PERUANA
Editorial Hans-Peter Firbas.
Otro año más que pasó volando. Ya hay empresas, dirigentes deportivos y personas, que están poniendo todo su esfuerzo para trabajar con los niños. Alberto Figari, Presidente de la Federación Nacional de Tabla, Roberto Meza de Olas Perú y la empresa privada han sido fundamentales para que el surf en el Perú siga renovando talentos. Tenemos señoritas y jóvenes de 14 años ya metidos en eventos mundiales. La ISA con sus torneos júnior, al igual que la WSL, nos están otorgando muchos campeonatos. El IPD de la mano. No voy a nombrar a los auspiciadores para no pecar de injusto, al olvidar una mención.
Tenemos que darle más fuerte a esta chamba. Seguiré insistiendo, que la prensa debe también entrar en esta batalla, misión que sólo algunos están cumpliendo. Y siempre hay los que piensan que es un favor. A mis colegas periodistas, mis saludos por todo el respaldo recibido, pero no es suficiente. Seamos como la balanza de la justicia y hagamos nuestra labor pensando en ellos.
Ojalá, que otros deportes sigan el ejemplo del Surf. Ya en enero estaremos en Chiclayo con el Semillero KIA. Me olvidaba. Muy buena estrategia de ir al interior. Acá la mala leche no existe. Si reclamamos o criticamos es para sumar y no para restar. No claro para algunos, pero la labor del comunicador es esa y más aún si no responde a ningún interés económico o personal.
Hans-Peter Firbas.
Grupo Firbas.
viernes, 15 de diciembre de 2017
CPJ: Cifra récord de periodistas presos
Un informe especial del CPJ reveló un aumento este año de periodistas presos por su labor informativa.
Encarcelan a una cifra récord de periodistas, en tanto Turquía, China y Egipto pagan poco precio por la represión
Por segundo año consecutivo, la cifra de periodistas encarcelados por su labor informativa alcanzó un nivel récord, en tanto Estados Unidos y otras potencias occidentales no aplicaron presión a los países con el peor historial de encarcelamiento de periodistas --Turquía, China y Egipto-- para que mejoraran el sombrío panorama en materia de libertad de prensa.
Un informe especial del CPJ elaborado por Elana Beiser
La cifra de periodistas encarcelados en todo el mundo alcanzó otro nivel récord en 2017, y por segundo año consecutivo más de la mitad de los periodistas encarcelados por su trabajo se encuentran presos en Turquía, China y Egipto. Semejante patrón refleja el rotundo fracaso de la comunidad internacional a la hora de enfrentar una crisis global de libertad de prensa.
Lejos de aislar a países represivos por su comportamiento autoritario, Estados Unidos, en particular, se ha congraciado con líderes autoritarios como el mandatario turco Recep Tayyip Erdoğan y el mandatario chino Xi Jinping. Al mismo tiempo, la retórica nacionalista, la obsesión con el extremismo islámico y la insistencia en calificar a los medios críticos de "noticias falsas" por parte del presidente Donald Trump sirve para reforzar la estructura de acusaciones y delitos que les permite a tales líderes presidir el encarcelamiento de periodistas. A escala global, casi tres cuartas partes de los periodistas presos han sido acusados de cometer delitos contra el Estado, muchos de ellos en virtud de disposiciones contra el terrorismo vagas y excesivamente amplias, mientras que la cifra de periodistas presos por acusaciones de "difundir noticias falsas", aunque pequeña, creció a un nivel récord de 21.
En su relación anual de casos de periodistas presos, el CPJ constató que 262 periodistas están en prisión en todo el mundo por su trabajo informativo, una nueva cifra récord luego de haber alcanzado el histórico nivel de 259 en 2016. Los tres países con el peor historial de periodistas encarcelados son responsables de encerrar en prisión a 134 --equivalente al 51 %-- del total de periodistas. El CPJ ha llevado estadísticas anuales sobre casos de periodistas presos desde principios de la década de 1990.
Turquía, pese a haber liberado a algunos periodistas en 2017, sigue siendo el país con el peor historial de periodistas presos por segundo año consecutivo, con 73 periodistas encarcelados, en comparación con 81 en 2016. Decenas de periodistas enfrentan juicios, y nuevos arrestos ocurren con regularidad. En varios otros casos de periodistas turcos, el CPJ no logró establecer la existencia de vínculos con la labor periodística. Otras organizaciones de libertad de prensa que utilizan una metodología distinta tienen cifras más elevadas. Según las investigaciones del CPJ, todos los periodistas que están encarcelados por su trabajo periodístico en Turquía han sido investigados por cometer delitos contra el Estado, o han sido acusados de tales delitos, al igual que los periodistas que figuraban en la relación de casos de 2016.
La campaña contra la prensa turca, que las autoridades habían emprendido a inicios de 2016 y que habían acelerado luego de un fallido intento golpista en julio de ese año --el cual el Gobierno atribuyó a una presunta organización terrorista encabezada por el clérigo exiliado Fethullah Gülen--, mantuvo su ritmo en 2017. Las autoridades acusaron a algunos periodistas de realizar actividades terroristas solamente por el presunto empleo de una aplicación de mensajes, Bylock, o por tener cuentas bancarias en instituciones presuntamente vinculadas a Gülen.
Puesto que el gobernante partido AKP de Erdoğan hasta hace pocos años había estado alineado con el movimiento encabezado por Gülen, la campaña gubernamental a veces llevó a circunstancias claramente absurdas. Por ejemplo, el destacado periodista Ahmet Şık fue absuelto del delito de terrorismo en abril luego de un juicio que se prolongó seis años y en el cual los acusados declararon que habían sido víctimas de la Policía y de funcionarios judiciales vinculados a Gülen. Sin embargo, Şık permaneció encarcelado debido a nuevas acusaciones de terrorismo por presuntos vínculos a Gülen, y muchos de los agentes policiales, fiscales y jueces que habían iniciado el proceso original se vieron acusados ellos mismos de actividades terroristas. Şık señaló la contradicción en una larga declaración ante el tribunal en julio, en la cual precisó: "En Turquía, algunos miembros del Poder Judicial se han convertido en enterradores de la justicia".
Otros casos demostraron descaradamente las brutales tácticas de censura de las autoridades turcas. El 31 de marzo, un tribunal de Estambul ordenó la liberación, a la espera de juicio, de por lo menos 19 periodistas encarcelados a raíz del intento golpista, pero el fiscal apeló y los periodistas fueron arrestados nuevamente antes de abandonar la prisión. Los jueces que habían ordenado la liberación fueron suspendidos.
El Gobierno de Erdoğan pareció pagar poco precio por sus tácticas represivas. En abril, Erdoğan ganó un referendo por escasa mayoría --en medio de objeciones de procedimiento por parte de la oposición que fueron ignoradas--, el cual abolirá el sistema parlamentario del país y le otorgará amplios poderes. En el plano internacional, funcionarios alemanes, entre ellos la canciller Angela Merkel, han solicitado repetidamente la liberación del periodista turcogermano Deniz Yücel, quien trabaja para el periódico alemán Die Welt y quien ha estado detenido desde el 14 de febrero sin que las autoridades le hayan formulado cargos. Pero los aliados de la OTAN están vinculados por el papel de Turquía en la admisión de refugiados sirios y otros acuerdos de cooperación. Trump, por su parte, recibió a Erdoğan en la Casa Blanca en mayo y en fecha más reciente lo elogió y calificó de amigo.
Otro líder que disfruta de su posición mundial es el presidente Xi. En China, la cifra de periodistas en prisión ascendió de 38 en 2016 a 41 en 2017. En una visita a Beijing en noviembre, Trump no hizo ninguna alusión en público a los derechos humanos, pese a una sostenida campaña gubernamental que ha llevado al arresto de periodistas, activistas y abogados chinos. Ante el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, vecino chino, y ante el interés de Trump de renegociar la balanza comercial con Beijing, "Trump pareció indicar la inversión de los papeles: Estados Unidos ahora puede necesitar la ayuda de China más que a la inversa", escribió el diario The New York Times.
La visita se desarrolló poco después de que Xi reforzara el control del poder en el congreso del Partido Comunista, donde su nombre quedó incorporado a la Constitución y no se declaró a ningún sucesor. Según informaciones de prensa, los analistas no esperan una mejora en el ámbito de los derechos humanos.
Mientras tanto, el ganador del Premio Nobel Liu Xiaobo murió de cáncer de hígado en julio en un hospital chino, luego de habérsele otorgado la excarcelación por motivos médicos un mes antes, lo cual pone en entredicho que haya recibido atención médica adecuada en prisión. China negó el pedido de Liu de viajar al extranjero para recibir tratamiento tras su excarcelación. El escritor Yang Tongyan murió en noviembre en circunstancias similares, poco después de ser excarcelado por motivos médicos, con un grave tumor cerebral. Otro periodista encarcelado y en precario estado de salud es Huang Qi, quien sufre de una enfermedad renal y cuyo abogado declaró al CPJ que las autoridades le habían suspendido al periodista su dieta especial y su tratamiento médico.
Más de la mitad de los periodistas presos en Egipto, donde la cifra de periodistas en prisión descendió de 25 en 2016 a 20 en 2017, también están en mal estado de salud. Uno de ellos es el fotógrafo Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan, quien fue arrestado mientras cubría la represión violenta de una manifestación por parte de las fuerzas de seguridad egipcias y quien ha estado en detención preventiva por más de cuatro años. Él y los otros 738 acusados en el mismo proceso fueron acusados de posesión de armas, reunión ilícita, intento de asesinato y asesinato, según investigaciones del CPJ. Shawkan está anémico y necesita transfusiones de sangre, pero se le negado el ingreso a un hospital, según su familia. De los 20 periodistas en las cárceles egipcias, 12 no han sido ni condenados ni sentenciados por ningún delito.
El prolongado encierro de periodistas egipcios ocurre cuando el presidente Abdel Fattah el-Sisi combate a violentos extremistas y lucha contra el alto desempleo en el país, y mientras los Gobiernos egipcio y estadounidense cooperan estrechamente en materia de seguridad. Poco después del encuentro sostenido entre el-Sisi y Trump en la Casa Blanca en abril, el Gobierno egipcio aprobó una draconiana ley antiterrorismo que profundizó la campaña contra la prensa pues les permite a las autoridades colocar a periodistas absueltos del delito de terrorismo en una lista de vigilancia de terroristas que limita sus derechos financieros y de otra índole, según informaciones de prensa.
En Egipto y China, como en Turquía, con mucho la acusación más común utilizada contra periodistas es cometer delitos contra el Estado. A escala global, 194 periodistas, equivalente al 74 % del total, están en prisión acusados de delitos contra el Estado. El CPJ ha constatado que los Gobiernos de muchos países emplean leyes contra el terrorismo con una redacción vaga y excesivamente amplia para intimidar y silenciar a periodistas críticos. Tales disposiciones legales con frecuencia mezclan la cobertura de actividades terroristas con la tolerancia de tales actividades.
Un total de 35 periodistas en todo el mundo están en prisión sin que se conozca de manera pública de qué delito los acusan. La falta de debido proceso en algunos países trae como resultado un vacío informativo tal, que se le hace prácticamente imposible al CPJ determinar por qué motivo ha sido encarcelado un periodista, si padece de algún problema de salud y a veces hasta si sigue con vida. En países como Eritrea y Siria, a periodistas de quienes lo último que se sabía era que habían sido detenidos por el Gobierno, nadie los ha visto ni escuchado en años. Los siete periodistas que están en las cárceles del Gobierno sirio han estado presos por lo menos cuatro años, en medio de versiones no confirmadas de tortura o ejecución. El CPJ continúa mencionando a los periodistas en su relación de casos para responsabilizar al Gobierno de su paradero e integridad física.
Por otro lado, un cambio de Gobierno puede llevar al CPJ a reclasificar la condición de un periodista. En Gambia, donde el antiguo líder Yahya Jammeh fue expulsado del poder en diciembre de 2016, el Gobierno del presidente Adama Barrow ha expresado interés en determinar lo sucedido al periodista Ebrima Manneh, quien fue arrestado en 2006 pero no ha sido visto desde por lo menos 2008. Durante varios años Jammeh y funcionarios de su Gobierno habían efectuado vagas y contradictorias declaraciones sobre la condición del periodista. En concordancia con las expectativas de la familia, este año el CPJ sacó a Manneh de la relación de casos de periodistas presos y lo colocó en su lista de periodistas caídos en el ejercicio de la profesión.
Otros hallazgos de la relación de casos de periodistas presos del CPJ son:
El 97 % de los periodistas encarcelados son periodistas locales.
Del total de periodistas presos en todo el mundo, 22 de ellos --equivalente al 8 % del total-- son mujeres.
Los periodistas free
ance representan 75 casos, lo que equivale al 29 % del total.
La política es con mucho la fuente más peligrosa, y el 87 % de los periodistas presos se dedicaban a la cobertura de la política. Muchos periodistas cubren más de una fuente.
Países que aparecen en la relación de casos por primera vez en por lo menos los últimos 12 meses: Argelia, Camboya, República Democrática del Congo, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Iraq, Marruecos, Níger, Pakistán, República del Congo, Somalia, Uganda y Ucrania.
La relación de casos de periodistas presos solamente incluye a los periodistas encarcelados por las autoridades gubernamentales y excluye a los que han desaparecido o permanecen en cautiverio en poder de actores no estatales, como es el caso de varios periodistas yemeníes que el CPJ cree están en poder del movimiento Ansar Allah, conocido como los hutís. Estos casos se clasifican como "desaparecidos" o "secuestrados".
El CPJ define como periodistas a personas que cubren las noticias o emiten comentarios sobre asuntos de interés para la sociedad en medios como impresos, fotografías, radio, televisión e Internet. En sus estadísticas anuales sobre periodistas presos, el CPJ solamente incluye a los periodistas que, según ha corroborado, han sido encarcelados por su labor informativa.
El CPJ considera que un periodista no debe ser encarcelado por su labor informativa. En el último año, la labor pro defensa de la libertad de prensa del CPJ contribuyó a la liberación adelantada de por lo menos 67 periodistas presos en todo el mundo.
La relación de casos del CPJ refleja el total de periodistas encarcelados al 1 de diciembre de 2017, y no incluye a los numerosos periodistas que han sido encarcelados y liberados a lo largo del año. Los datos sobre esos casos pueden consultarse en https://cpj.org. Los periodistas permanecen en la relación de casos del CPJ hasta que la organización determina con razonable certeza que han sido liberados o han fallecido en cautiverio.
Elana Beiser es directora editorial del Comité para la Protección de los Periodistas.
Anteriormente se desempeñó como editora de Dow Jones Newswires y del diario The Wall Street Journal en Nueva York, Londres, Bruselas, Singapur y Hong Kong.
miércoles, 13 de diciembre de 2017
FERNANDO BELAÚNDE TERRY SUS ESFUERZOS POR LA LIBERTAD DE PRENSA
Y FUJIMORI SE LOS TIRÓ AL TACHO
Su primera medida en el 80 fue devolverles a sus legítimos propietarios sus medios de comunicación, que fueron confiscados por el General Juan Velasco Alvarado, cumpliendo de esta manera, una de sus promesas electorales. A su vez anuló la censura. El líder de Acción Popular fue uno de los peruanos más ilustres al priorizar un asunto tan delicado como la Libertad de Prensa.
Belaúnde fue uno de los luchadores de la libertad de expresión. Además, hizo lo posible por formar una cantera de periodistas debidamente educados y preparados para una función tan delicada. Gran parte de la población peruana no tiene la menor idea de la importancia de los comunicadores con su país.
En 1985, el Doctor Alan García Pérez se encargó de hacer leña a la prensa a través de conductas impropias que destruyó lo realizado por su predecesor. Con una política, que logró la adhesión interesada por gran parte del periodismo y del Poder Judicial hizo lo que le vino en gana y todos sus delitos quedaron impunes.
Pero Alberto Fujimori enterró definitivamente el sueño de Belaúnde al dictar una ley con la maléfica intención de empobrecer la educación del pueblo a través de una prensa vulgar, llamada ‘prensa chica’
La Ley del año 1998, que intrépidamente se basa en el Artículo 2 inciso 4 de la Constitución de la República del Perú, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.
Está muy claro. Pero una cosa es opinar, expresarse libremente en un medio de comunicación y otra es ser reportero, editor, director, jefe de informaciones, jefe de redacción, redactor, locutor, entre otras actividades inherentes al profesional en comunicaciones. Estoy completamente de acuerdo en que todos tienen derecho a opinar, expresarse sin censura y los medios ofrecen suficientes espacios en sus programaciones para que esto sea una realidad.
Pero de allí: ¿ser profesional? Por favor ex dictador, asesino, corrupto y traidor. ¿Con qué derecho nos has tratado como basura? Basura fueron esos señores que se prestaron a tus coimas para escribir e informar lo que te daba la gana. ¿Quién te has creído miserable? Gracias a ti nuestros ciudadanos han recibido sólo porquería de casi todos los medios peruanos y el nivel de la educación promedio es una vergüenza. Comprar decenas de presuntos periodistas, publicistas, relacionistas públicos, que tú inventaste para ser el titiritero de la ignorancia de mis compatriotas.
No tienes ni la menor idea del daño que has hecho no al gremio, sino al país entero, que ahora recibe un bombardeo de mensajes llenos de porquería, llenos de dolor, llenos de sufrimiento y vacíos de educación, cultura, salud y deporte. El poder del dinero, que ni siquiera era tuyo, sino de los impuestos que pagamos los peruanos. Así nos devolviste los votos.
Mis amigos, mis colegas y sobre todo yo no pararemos en exportar de los medios a los lumpen que todavía quedan. A esos vendedores de noticias que jamás serán periodistas. No sigo, porque ya se imaginan ustedes las siguientes palabras.
Hans-Peter Firbas
MUJICA 'CONCIENCIA SUR'
Tras la disolución de la Unión Soviética, el fanatismo religioso se apoderó de países como Afganistán e Irán. "Pepe" Mujica analiza en su vídeo columna 'Conciencia Sur' el desarrollo del sistema mundial después de la Guerra Fría.
Adviertimos sobre el peligro del "derecho al olvido" a nivel global
La SIP expresó su preocupación por las consecuencias negativas a nivel global que podría tener una posible decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre "derecho al olvido".
La Corte deberá resolver una disputa entre Google y la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL) de Francia, encargada de aplicar la ley de privacidad de datos. Esta institución pretende que Google, cuando le sea requerido, desindexe contenidos o enlaces en todos los sitios del mundo, no solo en el país donde se originó la petición o en los de la Unión Europea donde existe una directiva general de protección de datos.
La CNIL había sancionado pecuniariamente a Google por no desindexar o borrar contenidos más allá de Francia. Google, que sí suprime contenidos y enlaces en sitios de la Unión Europea, pero se niega a hacerlo en otras partes del mundo, apeló la sanción ante el Consejo de Estado francés. En julio pasado, el Consejo elevó la disputa a la Corte Europea (CJUE) para su interpretación. El Tribunal, en definitiva, deberá decidir si el buscador está o no obligado a retirar contenidos y enlaces a escala global ante peticiones de autoridades europeas.
En una carta enviada esta semana a la CJUE, la SIP fijó su posición y advirtió el peligro que podría entrañar la posibilidad de que los contenidos se deban borrar a nivel global. "La aplicación del criterio francés (de la CNIL) podría inducir a países de regímenes represivos y autocráticos a tratar de imponer a nivel internacional las restricciones y censura que aplican en su jurisdicción nacional".
La SIP, así como lo expresó en octubre de 2016 a la presidenta de la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin, insiste en el peligro de la extraterritorialidad. "La desindexación global es una medida desproporcionada y desmedida, desde que la interpretación y la jurisprudencia que existe sobre el derecho a la privacidad y los atributos de la libertad de expresión y de prensa tienen marcadas diferencias en varios países. Sin ir más lejos, la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como criterios constitucionales similares en muchos países latinoamericanos, no permitirían lo que Francia pide a Google, debido a que infringirían sus propias leyes".
Los firmantes, el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, del diario peruano La República; Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del portal mexicano La Silla Rota y Carlos Jornet del subcomité de Derecho al Olvido, del periódico argentino La Voz del Interior, advirtieron que "lalibertad de expresión no podrá sobrevivir en internet si las leyes de cada nación se aplican a todos los sitios web".
La Corte deberá resolver una disputa entre Google y la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL) de Francia, encargada de aplicar la ley de privacidad de datos. Esta institución pretende que Google, cuando le sea requerido, desindexe contenidos o enlaces en todos los sitios del mundo, no solo en el país donde se originó la petición o en los de la Unión Europea donde existe una directiva general de protección de datos.
La CNIL había sancionado pecuniariamente a Google por no desindexar o borrar contenidos más allá de Francia. Google, que sí suprime contenidos y enlaces en sitios de la Unión Europea, pero se niega a hacerlo en otras partes del mundo, apeló la sanción ante el Consejo de Estado francés. En julio pasado, el Consejo elevó la disputa a la Corte Europea (CJUE) para su interpretación. El Tribunal, en definitiva, deberá decidir si el buscador está o no obligado a retirar contenidos y enlaces a escala global ante peticiones de autoridades europeas.
En una carta enviada esta semana a la CJUE, la SIP fijó su posición y advirtió el peligro que podría entrañar la posibilidad de que los contenidos se deban borrar a nivel global. "La aplicación del criterio francés (de la CNIL) podría inducir a países de regímenes represivos y autocráticos a tratar de imponer a nivel internacional las restricciones y censura que aplican en su jurisdicción nacional".
La SIP, así como lo expresó en octubre de 2016 a la presidenta de la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin, insiste en el peligro de la extraterritorialidad. "La desindexación global es una medida desproporcionada y desmedida, desde que la interpretación y la jurisprudencia que existe sobre el derecho a la privacidad y los atributos de la libertad de expresión y de prensa tienen marcadas diferencias en varios países. Sin ir más lejos, la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como criterios constitucionales similares en muchos países latinoamericanos, no permitirían lo que Francia pide a Google, debido a que infringirían sus propias leyes".
Los firmantes, el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, del diario peruano La República; Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del portal mexicano La Silla Rota y Carlos Jornet del subcomité de Derecho al Olvido, del periódico argentino La Voz del Interior, advirtieron que "lalibertad de expresión no podrá sobrevivir en internet si las leyes de cada nación se aplican a todos los sitios web".
IAPA praises court ruling on official advertising in Mexico
The Inter American Press Association (IAPA) today praised a ruling by Mexico's Supreme Court that ordered the national Congress to legislate on and regulate the distribution of official advertising before the start of the political campaign on April 30, 2018.
The Court ordered the Congress to comply with the obligation to regulate government advertising and propaganda, using criteria of "efficiency, effectiveness and honesty" as set forth in Article 134 of the Mexican Constitution. This obligation must prevail for all branches of government and autonomous bodies. The November 15 Court's ruling was made in response to a petition filed by the organization Artículo 19.
IAPA President Gustavo Mohme praised the Court's decision. "It is our long-time wish that there be eradicated the practice of governments to assign official advertising in a discretionary manner, which many use to award or punish news media according to their editorial stances," he said.
Mohme, of the Peruvian newspaper La República, recalled that in several IAPA resolutions there has been described as "corrupt" this discretional policy, which is regarded as a very subtle and perverse form of indirect censorship. This practice is reviled by the Declaration of Chapultepec and other international instruments, such as the Declaration of Principles of Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights.
Roberto Rock, chairman of the IAPA's Committee on Freedom of the Press and Information and editor of the Mexican portal La Silla Rota, added that the IAPA always "has condemned the use of official advertising for partisan and governmental interests and has sent multiple missions to various countries, such as Argentina, Ecuador, Mexico, Peru and Nicaragua, to request that there be regulated the use and placement of advertisements under technical, equitable and transparent criteria."
Rock and Mohme considered that this new ruling and the new legislation could serve as a stimulus for there to be adopted similar measures in other countries. There already are rulings by the Argentine Supreme Court on the matter, and laws and regulations in Chile, Colombia, Peru and Uruguay, although there continue to be discretional policies in the majority of the countries of the Americas.
The IAPA is a not-for-profit organization dedicated to the defense and promotion of freedom of the press and of expression in the Americas. It is made up of more than 1,300 publications from throughout the Western Hemisphere and is based in Miami, Florida.
The Court ordered the Congress to comply with the obligation to regulate government advertising and propaganda, using criteria of "efficiency, effectiveness and honesty" as set forth in Article 134 of the Mexican Constitution. This obligation must prevail for all branches of government and autonomous bodies. The November 15 Court's ruling was made in response to a petition filed by the organization Artículo 19.
IAPA President Gustavo Mohme praised the Court's decision. "It is our long-time wish that there be eradicated the practice of governments to assign official advertising in a discretionary manner, which many use to award or punish news media according to their editorial stances," he said.
Mohme, of the Peruvian newspaper La República, recalled that in several IAPA resolutions there has been described as "corrupt" this discretional policy, which is regarded as a very subtle and perverse form of indirect censorship. This practice is reviled by the Declaration of Chapultepec and other international instruments, such as the Declaration of Principles of Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights.
Roberto Rock, chairman of the IAPA's Committee on Freedom of the Press and Information and editor of the Mexican portal La Silla Rota, added that the IAPA always "has condemned the use of official advertising for partisan and governmental interests and has sent multiple missions to various countries, such as Argentina, Ecuador, Mexico, Peru and Nicaragua, to request that there be regulated the use and placement of advertisements under technical, equitable and transparent criteria."
Rock and Mohme considered that this new ruling and the new legislation could serve as a stimulus for there to be adopted similar measures in other countries. There already are rulings by the Argentine Supreme Court on the matter, and laws and regulations in Chile, Colombia, Peru and Uruguay, although there continue to be discretional policies in the majority of the countries of the Americas.
The IAPA is a not-for-profit organization dedicated to the defense and promotion of freedom of the press and of expression in the Americas. It is made up of more than 1,300 publications from throughout the Western Hemisphere and is based in Miami, Florida.
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GELD SPRICHT
VON HANS-PETER FIRBAS
Werbung in den Medien. Zum Verkauf steht der Inhalt.
Eine Arbeit, die wir tun, mit meinen Kindern in Gruppe Firbas seit viele Jahre ist Fernsehprogramme, einige Radios, Zeitungen und Zeitschriften und Internet aufseichnen. So kann ich die Verbreitung unserer Kunden überprüfen. Nach fast zwei Jahrzehnten, jeden Tag auf dem Feld, habe ich an der Spitze der großen Veränderungen erlebt. Die peruanischen Medien in ihrem Inhalt und ihrer News Prioritäten haben erlitten.
Ich bin sicher, dass die gemeinsame Journalist, Redakteur , Reporter, und sogar die Köpfe der Informations und News Directors sind von den Eigentümern und Aktionären der Medien unter Druck. Leider haben Sie vergessen warum die Regierung aus Peru gibt ihnen die Lizenz auf TV-Kanäle und Radio Stationen.
Die Artikel 2 des Gesetzes über Radio und Fernsehen in Peru ( 28278 ) sagt:
a) Die Verteidigung der menschlichen Person und die Achtung ihrer Würde.
b) Die Freiheit der Meinungsäußerung, Gedanken und Ansicht.
c) Respekt für das informative , politischen, religiösen , sozialen und kulturellen Pluralismus.
d) Die Verteidigung der demokratischen Rechtsordnung, Menschenrechte, Grundfreiheiten in völkerrechtliche Verträge und in der Verfassung.
e) Die Freiheit der genaue und unvoreingenommene Informationen.
f) Die Förderung von Bildung, Kultur und Moral der Nation.
g) Schutz und ganzheitliche Bildung von Kindern, Jugendlichen und Achtung der Institution der Familie.
h) Die Förderung der Werte und nationale Identität.
i) Die soziale Verantwortung der Medien.
j) Respektieren Sie die Code of Ethical Standards.
k) Respekt für die Ehre, guten Ruf, der Privatsphäre und vertraut.
l) Respektieren Sie das Recht auf Berichtigung.
Mit wenigen Ausnahmen hier schlägt das Rating, der einzige Weg um Werbung zu bekommen. Schuld liegt auch bei den Werbetreibenden, die die höchsten bewerteten Programme suchen, unabhängig von ihrem Inhalt. Während die Medien schauen was ihnen hohe Prozentsätze von Empfängern gibt.
Wenn man sieht, hört oder liest sie werden erkennen, dass Gewalt, Verbrechen, Entführung, Mord, Vergewaltigung , tödliche Unfälle in den Vordergrund sind. Vorher die Polizei Nachrichten hatte ihren eigenen Raum.
Kulturräume wurden von den Shows verschlungen und sie sind nicht in die Show selbst. Kompass ist verloren und in diesem Fall die Nachricht auch. Verhaltensweisen von Menschen die davon sind, werden veröffentlicht. Eine Nacht mit Trink oder Untreue eines "Künstler" sind besser als Kommentar eines neuen Roman oder einem Konzert.
Im Sport das Ziel dieses Artikels weiter angezeigt ist. Fußball. Wenn der Spieler 'X' neue Freundin hat ist die Nachricht und nicht ein Judo WM dass einer peruanischen in Japan gewonnen hat. Gut, dass Fußball ist der König der Sport und Nachrichten, dass die meisten wollen über ihn wissen. Was ist die Mission der Kommunikator? Identifiziert was ist wichtig. Aber die Sponsoren gehen woanders hin, wo was sie wollen.
Schlimmer ist dass die Werbetreibenden lieferrn dies oder das weiterhin Inhalte für Ihr Budget. Natürlich Aktionäre nehmen die Bestellungen oder das Geld raus geht. Geld spricht, sind wir Sklaven um die Bewertungen, oft die Regierung selbst ist, und am Ende verloren wir die Identität.
Dies wird nicht ändern und so geht’s weiter oder schlechter. Lösungen? Denken an etwas.
Werbung in den Medien. Zum Verkauf steht der Inhalt.
Eine Arbeit, die wir tun, mit meinen Kindern in Gruppe Firbas seit viele Jahre ist Fernsehprogramme, einige Radios, Zeitungen und Zeitschriften und Internet aufseichnen. So kann ich die Verbreitung unserer Kunden überprüfen. Nach fast zwei Jahrzehnten, jeden Tag auf dem Feld, habe ich an der Spitze der großen Veränderungen erlebt. Die peruanischen Medien in ihrem Inhalt und ihrer News Prioritäten haben erlitten.
Ich bin sicher, dass die gemeinsame Journalist, Redakteur , Reporter, und sogar die Köpfe der Informations und News Directors sind von den Eigentümern und Aktionären der Medien unter Druck. Leider haben Sie vergessen warum die Regierung aus Peru gibt ihnen die Lizenz auf TV-Kanäle und Radio Stationen.
Die Artikel 2 des Gesetzes über Radio und Fernsehen in Peru ( 28278 ) sagt:
a) Die Verteidigung der menschlichen Person und die Achtung ihrer Würde.
b) Die Freiheit der Meinungsäußerung, Gedanken und Ansicht.
c) Respekt für das informative , politischen, religiösen , sozialen und kulturellen Pluralismus.
d) Die Verteidigung der demokratischen Rechtsordnung, Menschenrechte, Grundfreiheiten in völkerrechtliche Verträge und in der Verfassung.
e) Die Freiheit der genaue und unvoreingenommene Informationen.
f) Die Förderung von Bildung, Kultur und Moral der Nation.
g) Schutz und ganzheitliche Bildung von Kindern, Jugendlichen und Achtung der Institution der Familie.
h) Die Förderung der Werte und nationale Identität.
i) Die soziale Verantwortung der Medien.
j) Respektieren Sie die Code of Ethical Standards.
k) Respekt für die Ehre, guten Ruf, der Privatsphäre und vertraut.
l) Respektieren Sie das Recht auf Berichtigung.
Mit wenigen Ausnahmen hier schlägt das Rating, der einzige Weg um Werbung zu bekommen. Schuld liegt auch bei den Werbetreibenden, die die höchsten bewerteten Programme suchen, unabhängig von ihrem Inhalt. Während die Medien schauen was ihnen hohe Prozentsätze von Empfängern gibt.
Wenn man sieht, hört oder liest sie werden erkennen, dass Gewalt, Verbrechen, Entführung, Mord, Vergewaltigung , tödliche Unfälle in den Vordergrund sind. Vorher die Polizei Nachrichten hatte ihren eigenen Raum.
Kulturräume wurden von den Shows verschlungen und sie sind nicht in die Show selbst. Kompass ist verloren und in diesem Fall die Nachricht auch. Verhaltensweisen von Menschen die davon sind, werden veröffentlicht. Eine Nacht mit Trink oder Untreue eines "Künstler" sind besser als Kommentar eines neuen Roman oder einem Konzert.
Im Sport das Ziel dieses Artikels weiter angezeigt ist. Fußball. Wenn der Spieler 'X' neue Freundin hat ist die Nachricht und nicht ein Judo WM dass einer peruanischen in Japan gewonnen hat. Gut, dass Fußball ist der König der Sport und Nachrichten, dass die meisten wollen über ihn wissen. Was ist die Mission der Kommunikator? Identifiziert was ist wichtig. Aber die Sponsoren gehen woanders hin, wo was sie wollen.
Schlimmer ist dass die Werbetreibenden lieferrn dies oder das weiterhin Inhalte für Ihr Budget. Natürlich Aktionäre nehmen die Bestellungen oder das Geld raus geht. Geld spricht, sind wir Sklaven um die Bewertungen, oft die Regierung selbst ist, und am Ende verloren wir die Identität.
Dies wird nicht ändern und so geht’s weiter oder schlechter. Lösungen? Denken an etwas.
Kolumbien: Borja Lázaro, Verschwunden seit dem 8. Januar 2014
Der freie Fotograf Borja Lázaro aus dem spanischen Baskenland verschwand am 8. Januar 2014 in Cabo de Vela, einem Dorf in der Provinz La Guajira im Nordosten Kolumbiens. Er arbeitete an einer Serie von Fotoreportagen über indigene Kulturen. Lázaro verschwand in einer Region, die bekannt ist für Drogengeschäfte und die von kriminellen Banden mit Wurzeln in der paramilitärischen Bewegung dominiert wird. Deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass er Opfer einer Entführung wurde.
Lázaros Familie meldete sein Verschwinden den kolumbianischen und spanischen Behörden, die am 23. Januar 2014 eine Fallakte dazu anlegten. In Kolumbien führten die Justizbehörde in der Provinzhauptstadt Riohacha sowie eine auf Entführungs- und Erpressungsfälle spezialisierte Polizeieinheit fortlaufende Ermittlungen. Der Familie Lázaros verweigerten sie aber jede Auskunft und gaben an, sie könnten Informationen ausschließlich auf dem Weg über das spanische Außenministerium herausgeben.
In Spanien beendete die Justiz die Ermittlungen mit der Begründung, dass Lázaro im Ausland verschwand. Die Autonomiepolizei im spanischen Baskenland verfolgt den Fall weiterhin, hält den Kontakt mit den Sicherheitsbehörden in Kolumbien und versorgt die Familie mit Informationen. Reporter ohne Grenzen hat den Fall am 30. August 2015 der UN-Arbeitsgruppe zu gewaltsamem oder unfreiwilligem Verschwinden gemeldet.
Fast zwei Jahre nach dem Verschwinden Lázaros weiß seine Familie nach wie vor kaum etwas über sein Schicksal, und die Ermittlungen sind nicht wesentlich vorangekommen.
Lázaros Familie meldete sein Verschwinden den kolumbianischen und spanischen Behörden, die am 23. Januar 2014 eine Fallakte dazu anlegten. In Kolumbien führten die Justizbehörde in der Provinzhauptstadt Riohacha sowie eine auf Entführungs- und Erpressungsfälle spezialisierte Polizeieinheit fortlaufende Ermittlungen. Der Familie Lázaros verweigerten sie aber jede Auskunft und gaben an, sie könnten Informationen ausschließlich auf dem Weg über das spanische Außenministerium herausgeben.
In Spanien beendete die Justiz die Ermittlungen mit der Begründung, dass Lázaro im Ausland verschwand. Die Autonomiepolizei im spanischen Baskenland verfolgt den Fall weiterhin, hält den Kontakt mit den Sicherheitsbehörden in Kolumbien und versorgt die Familie mit Informationen. Reporter ohne Grenzen hat den Fall am 30. August 2015 der UN-Arbeitsgruppe zu gewaltsamem oder unfreiwilligem Verschwinden gemeldet.
Fast zwei Jahre nach dem Verschwinden Lázaros weiß seine Familie nach wie vor kaum etwas über sein Schicksal, und die Ermittlungen sind nicht wesentlich vorangekommen.
Feinde der Pressefreiheit
Zum UN-Welttag gegen Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten 2016 hat Reporter ohne Grenzen eine neue Liste der „Feinde der Pressefreiheit“ veröffentlicht. Sie umfasst 35 Staats- und Regierungschefs, Extremisten- und Verbrecherorganisationen sowie Geheimdienste. Diese verkörpern in besonders drastischer Weise die rücksichtslose Unterdrückung der Pressefreiheit durch Zensur, willkürliche Verhaftungen, Folter und Mord.
Neu auf der Liste stehen unter anderem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der ägyptische Präsident Abdelfattah al-Sisi und Thailands Junta-Chef Prayut Chan-o-cha. Zu den weiteren Neuzugängen gehören etwa der burundische Präsident Pierre Nkurunziza, Saudi-Arabiens König Salman und Venezuelas Präsident Nicolas Maduro, außerdem die Huthi-Rebellen im Jemen, die Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ und die Islamistengruppe Ansarullah Bangla Team in Bangladesch.
Neu auf der Liste stehen unter anderem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der ägyptische Präsident Abdelfattah al-Sisi und Thailands Junta-Chef Prayut Chan-o-cha. Zu den weiteren Neuzugängen gehören etwa der burundische Präsident Pierre Nkurunziza, Saudi-Arabiens König Salman und Venezuelas Präsident Nicolas Maduro, außerdem die Huthi-Rebellen im Jemen, die Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ und die Islamistengruppe Ansarullah Bangla Team in Bangladesch.
„Die vielen neuen Namen unter den Feinden der Pressefreiheit zeigen, dass Autokraten und Extremisten jeder Couleur immer noch sicher sein können, mit der Unterdrückung freier Medien straflos davonzukommen“, sagte Michael Rediske, Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen. „Mancher Machthaber lässt seit Jahrzehnten ungestraft kritische Journalisten verfolgen, foltern oder ermorden. Die Vereinten Nationen sollten endlich einen Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalisten einsetzen, um wirksam gegen diesen schändlichen Zustand vorzugehen.“
Bedrohter Journalist kämpft gegen Abschiebung
Reporter ohne Grenzen verurteilt den Versuch der US-Einreisebehörden, den mexikanischen Journalisten Emilio Gutierrez Soto in seine Heimat abzuschieben. Wegen Todesdrohungen aufgrund seiner journalistischen Arbeit bemüht sich Gutiérrez seit 2008 um Asyl in den Vereinigten Staaten. Vergangene Woche nahmen Vollzugsbeamte der Einreisebehörden ihn und seinen 24-jährigen Sohn fest. Nachdem ihr Anwalt die unmittelbar drohende Abschiebung per Eilantrag stoppte, werden sie derzeit in einem Abschiebegefängnis in Sierra Blanca (Texas) festgehalten.
„Die US-Behörden müssen Emilio Gutiérrez und seinen Sohn sofort freilassen, bis über ihren Fall entschieden ist“, sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. „Gutiérrez sollte Asyl in den USA bekommen. Ihn nach Mexiko abzuschieben, wäre angesichts der Gefahr für Journalisten dort völlig unverantwortlich.“
Gutiérrez hatte in Mexiko in Ascensión im Bundesstaat Chihuahua für die Zeitung El Diario del Noroeste gearbeitet. Nachdem er über Vorwürfe berichtete, Armeeangehörige dort seien in Raubüberfälle und Erpressung verstrickt, erhielt er Morddrohungen – mutmaßlich aus dem Militär. Im Juni 2008 floh er deshalb in die Vereinigten Staaten. Einen Monat zuvor hatten rund 50 Soldaten bei einer illegalen nächtlichen Razzia sein Haus gestürmt. Ein Journalist derselben Zeitung, Armando Rodriguez Carreon, wurde im November 2009 in der Grenzstadt Ciudad Juárez ermordet.
Nach seiner Flucht in die USA saß Gutiérrez sieben Monate in einem Gefängnis der Einreisebehörden, bevor man ihn im Januar 2009 vorbehaltlich der Entscheidung über seinen Asylantrag freiließ. Jahrelang wartete er auf eine Gerichtsanhörung. Im vergangenen Juli befand ein Richter schließlich, der Journalist habe die Gefahr für sein Leben im Falle einer Rückkehr nach Mexiko nicht ausreichend belegt. Seine Berufung lehnte die zuständige Behörde im November ab, setzte aber am Donnerstag auf Antrag seines Anwalts die Abschiebung aus.
Journalist kehrt wegen restriktiver US-Politik trotz Lebensgefahr zurück nach Mexiko
Die versuchte Abschiebung von Emilio Gutiérrez ist nicht der erste aktuelle Fall, in dem die US-Behörden einem akut bedrohten Journalisten aus Mexiko den Schutz verweigern. Anfang Februar bat Martin Mendez Pineda an der US-Grenze um politisches Asyl und wurde sofort festgenommen. In seinem Heimatstaat Guerrero hatte er nach einem Bericht über Polizeigewalt Drohungen erhalten. Als die US-Behörden ihm nach 100 Tagen immer noch die Freilassung verweigerten, zog er seinen Asylantrag zurück und kehrte trotz der Gefahr für sein Leben nach Mexiko zurück.
Im September verweigerten die US-Behörden Mendez auch die Einreise zu Gesprächen mit Vertretern von Senat und Außenministerium sowie zu mehreren Veranstaltungen in der Hauptstadt Washington. Dort wollte er auf Einladung von ROG und anderen Organisationen über die Lage der Journalisten in Mexiko berichten.
Eines der gefährlichsten Länder weltweit für Journalisten
Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder weltweit für Medienschaffende. Allein in diesem Jahr wurden dort schon mindestens elf Journalisten wegen ihrer Arbeit ermordet, 2016 waren es zehn. Die Täter werden fast nie verurteilt. Besonders gefährdet sind Journalisten, die über Themen wie Drogenkriminalität, Korruption von Staatsvertretern oder über deren Verstrickungen in das organisierte Verbrechen berichten.
Während eines in der vergangenen Woche zu Ende gegangenen Besuchs der Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit der Vereinten Nationen und der Organisation Amerikanischer Staaten, David Kaye und Edison Lanza, machte ROG besonders auf die zunehmende Zahl von Journalisten aufmerksam, die in Mexiko wegen der massiven Bedrohungslage aus ihren Heimatregionen fliehen müssen. Alleine in diesem Jahr hat ROG schon 13 dieser Journalisten unterstützt. Kaye und Lanza forderten die mexikanische Regierung zum Abschluss ihres Besuchs auf, die staatlichen Mittel für den Schutz bedrohter Journalisten schnell und deutlich aufzustocken, um dem seit Jahren ungelösten Problem der Gewalt gegen Medienschaffende endlich wirksam zu begegnen.
Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Mexiko auf Platz 147 von 180 Staaten, die USA nehmen Platz 43 der Rangliste ein.
„Die US-Behörden müssen Emilio Gutiérrez und seinen Sohn sofort freilassen, bis über ihren Fall entschieden ist“, sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. „Gutiérrez sollte Asyl in den USA bekommen. Ihn nach Mexiko abzuschieben, wäre angesichts der Gefahr für Journalisten dort völlig unverantwortlich.“
Gutiérrez hatte in Mexiko in Ascensión im Bundesstaat Chihuahua für die Zeitung El Diario del Noroeste gearbeitet. Nachdem er über Vorwürfe berichtete, Armeeangehörige dort seien in Raubüberfälle und Erpressung verstrickt, erhielt er Morddrohungen – mutmaßlich aus dem Militär. Im Juni 2008 floh er deshalb in die Vereinigten Staaten. Einen Monat zuvor hatten rund 50 Soldaten bei einer illegalen nächtlichen Razzia sein Haus gestürmt. Ein Journalist derselben Zeitung, Armando Rodriguez Carreon, wurde im November 2009 in der Grenzstadt Ciudad Juárez ermordet.
Nach seiner Flucht in die USA saß Gutiérrez sieben Monate in einem Gefängnis der Einreisebehörden, bevor man ihn im Januar 2009 vorbehaltlich der Entscheidung über seinen Asylantrag freiließ. Jahrelang wartete er auf eine Gerichtsanhörung. Im vergangenen Juli befand ein Richter schließlich, der Journalist habe die Gefahr für sein Leben im Falle einer Rückkehr nach Mexiko nicht ausreichend belegt. Seine Berufung lehnte die zuständige Behörde im November ab, setzte aber am Donnerstag auf Antrag seines Anwalts die Abschiebung aus.
Journalist kehrt wegen restriktiver US-Politik trotz Lebensgefahr zurück nach Mexiko
Die versuchte Abschiebung von Emilio Gutiérrez ist nicht der erste aktuelle Fall, in dem die US-Behörden einem akut bedrohten Journalisten aus Mexiko den Schutz verweigern. Anfang Februar bat Martin Mendez Pineda an der US-Grenze um politisches Asyl und wurde sofort festgenommen. In seinem Heimatstaat Guerrero hatte er nach einem Bericht über Polizeigewalt Drohungen erhalten. Als die US-Behörden ihm nach 100 Tagen immer noch die Freilassung verweigerten, zog er seinen Asylantrag zurück und kehrte trotz der Gefahr für sein Leben nach Mexiko zurück.
Im September verweigerten die US-Behörden Mendez auch die Einreise zu Gesprächen mit Vertretern von Senat und Außenministerium sowie zu mehreren Veranstaltungen in der Hauptstadt Washington. Dort wollte er auf Einladung von ROG und anderen Organisationen über die Lage der Journalisten in Mexiko berichten.
Eines der gefährlichsten Länder weltweit für Journalisten
Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder weltweit für Medienschaffende. Allein in diesem Jahr wurden dort schon mindestens elf Journalisten wegen ihrer Arbeit ermordet, 2016 waren es zehn. Die Täter werden fast nie verurteilt. Besonders gefährdet sind Journalisten, die über Themen wie Drogenkriminalität, Korruption von Staatsvertretern oder über deren Verstrickungen in das organisierte Verbrechen berichten.
Während eines in der vergangenen Woche zu Ende gegangenen Besuchs der Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit der Vereinten Nationen und der Organisation Amerikanischer Staaten, David Kaye und Edison Lanza, machte ROG besonders auf die zunehmende Zahl von Journalisten aufmerksam, die in Mexiko wegen der massiven Bedrohungslage aus ihren Heimatregionen fliehen müssen. Alleine in diesem Jahr hat ROG schon 13 dieser Journalisten unterstützt. Kaye und Lanza forderten die mexikanische Regierung zum Abschluss ihres Besuchs auf, die staatlichen Mittel für den Schutz bedrohter Journalisten schnell und deutlich aufzustocken, um dem seit Jahren ungelösten Problem der Gewalt gegen Medienschaffende endlich wirksam zu begegnen.
Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Mexiko auf Platz 147 von 180 Staaten, die USA nehmen Platz 43 der Rangliste ein.
miércoles, 6 de diciembre de 2017
ALONSO CORREA EL HOMBRE DEL DÍA JUEGOS PANAMERICANOS DE SURF
Los cuatro Varones y las cuatro Damas de la Categoría Open avanzaron hoy a la segunda fase de los XIII Juegos Panamericanos de Surf Lima 2017. Alonso Correa, del Team Hurley, fue la estrella del día, al sumar 16.66 en la serie cinco y conseguir el resultado más alto de la jornada inicial de esta cita. Mientras tanto, Miguel Tudela recibió 9.60 en su mejor ola y acumuló 16.17. Sebastián Correa (13.07) y Joaquín del Castillo (13.53) también se ubicaron en la cabeza de sus respectivas mangas.
En Damas, Analí Gómez (12.33) y Melanie Giunta ocuparon el primer puesto, aunque Melanie lo obtuvo sin competir, por la falta de una de las rivales de su serie. Finalmente, Daniella Rosas y Miluska Tello se colocaron en la segunda casilla de sus baterías, posición que les da directo acceso a la ronda dos del certamen de Las Américas. El evento continúa mañana en la Playa Punta Rocas del balneario de Punta Negra.
Hans-Peter Firbas
Grupo Firbas
En Damas, Analí Gómez (12.33) y Melanie Giunta ocuparon el primer puesto, aunque Melanie lo obtuvo sin competir, por la falta de una de las rivales de su serie. Finalmente, Daniella Rosas y Miluska Tello se colocaron en la segunda casilla de sus baterías, posición que les da directo acceso a la ronda dos del certamen de Las Américas. El evento continúa mañana en la Playa Punta Rocas del balneario de Punta Negra.
Hans-Peter Firbas
Grupo Firbas
domingo, 12 de noviembre de 2017
Costa Rica: Preocupa a la SIP plan de intimidación contra medio
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por un presunto plan de intimidación en contra del Diario Extra de Costa Rica en represalia por sus denuncias y publicaciones sobre actos de corrupción en la administración pública.
Esta semana el Diario Extra denunció la existencia de un amplio plan de desestabilización en su contra consistente en desprestigiar al periódico ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, impulsar demandas judiciales y suspender la pauta publicitaria oficial, entre otros mecanismos de presión.
Varias autoridades y organizaciones se hicieron eco de la denuncia, la que fue confirmada por la Fiscalía General de Costa Rica al examinar documentos en los que se revelan detalles de esos planes. La Fiscalía confiscó documentos en allanamientos a oficinas bancarias que pretendían arrojar luz sobre un caso de tráfico de influencias, conocido como "el Cementazo", y en el que estarían involucrados el empresario del cemento, Juan Carlos Bolaños y el gerente general del estatal Banco de Costa Rica (BCR), Mario Berrenechea, así como otros ejecutivos de esa entidad, políticos, legisladores y jueces.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, manifestó que cualquier acto de represalia contra un medio configura un atentado a la libertad de prensa. El director del portal mexicano La Silla Rota, indicó que "es necesario que las autoridades investiguen estos planes, deslinden responsabilidades y arrojen transparencia a favor del derecho del público a saber".
Asimismo, Rock indicó que los preceptos de la Declaración de Chapultepec indican que ningún periodista o medio de comunicación debe ser perseguido por buscar la verdad.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
Esta semana el Diario Extra denunció la existencia de un amplio plan de desestabilización en su contra consistente en desprestigiar al periódico ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, impulsar demandas judiciales y suspender la pauta publicitaria oficial, entre otros mecanismos de presión.
Varias autoridades y organizaciones se hicieron eco de la denuncia, la que fue confirmada por la Fiscalía General de Costa Rica al examinar documentos en los que se revelan detalles de esos planes. La Fiscalía confiscó documentos en allanamientos a oficinas bancarias que pretendían arrojar luz sobre un caso de tráfico de influencias, conocido como "el Cementazo", y en el que estarían involucrados el empresario del cemento, Juan Carlos Bolaños y el gerente general del estatal Banco de Costa Rica (BCR), Mario Berrenechea, así como otros ejecutivos de esa entidad, políticos, legisladores y jueces.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, manifestó que cualquier acto de represalia contra un medio configura un atentado a la libertad de prensa. El director del portal mexicano La Silla Rota, indicó que "es necesario que las autoridades investiguen estos planes, deslinden responsabilidades y arrojen transparencia a favor del derecho del público a saber".
Asimismo, Rock indicó que los preceptos de la Declaración de Chapultepec indican que ningún periodista o medio de comunicación debe ser perseguido por buscar la verdad.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
14 resoluciones de la SIP aprobadas en Salt Lake City
Si bien la presentación de los informes país por país y las conclusiones que emanan de las reuniones de la SIP son los documentos que recogen los principales temas que los vicepresidentes regionales de la Comisión de Libertad de Prensa e Información en el último semestre, las resoluciones reflejan las líneas de acción que adopta la SIP. Se trata de acciones que la SIP pide que adopten las autoridades, organismos y personalidades a las que se dirigen esas resoluciones, ya sea para generar cambios de políticas públicas, detener gestiones en contra de la prensa, eliminar leyes coercitivas, entre otros asuntos.
La 73ª Asamblea General, celebrada en Salt Lake City, Utah, del 27 al 30 de octubre 2017, aprobó el último día de actividades 14 resoluciones.
Una de estas describe las restricciones en el acceso a la información en Argentina, Barbados, Jamaica, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras y Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. El documento exhorta a los países de las Américas que limitan el acceso a la información pública a suspender esas prácticas y en aquellos donde existen leyes, los invita a cumplir con sus contenidos.
Sobre Bolivia, la SIP condenó la estigmatización social de medios y periodistas por parte de funcionarios y militantes del partido de gobierno, así como los ataques físicos, verbales, psicológicos y presiones que padecen. La organización pidió al gobierno garantizar la protección al trabajo periodístico y sancionar a los responsables de agresiones.
La SIP expresó preocupación por la intensificación en Estados Unidos de las agresiones verbales de parte del presidente Donald Trump contra medios de comunicación y sus continuas referencias a la "noticias falsas", actitud que coincide con el incremento de ataques físicos y amenazas a los periodistas. La SIP resolvió organizar, en conjunto con la Reporters Committee for Freedom of the Press, una misión a Washington, DC, para reunirse con autoridades y abordar los temas que están afectando el desempeño de la actividad periodística.
Respecto a Cuba fueron denunciados la condena a tres años de prisión de la periodista Karina Gálvez y las acusaciones policiales contra Sol García Basulto y Henry Constantín Ferreiro. Por estos tres casos la SIP solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas. También fueron las dificultades para acceder a internet y el constante veto oficial para que los periodistas viajen al extranjero o se desplacen dentro del país. La SIP reiteró su exigencia al gobierno y parlamento cubano a que deroguen estatutos que limitan la libertad de prensa.
Sobre desastres naturales, la SIP hizo un reconocimiento especial a los periodistas, reporteros, fotógrafos, camarógrafos y productores, "que haciendo a un lado dificultades -como vías cerradas, servicios básicos cortados, escasez de comida y agua - mantuvieron su espíritu y priorizaron la cobertura" de estos fenómenos, en referencia a los huracanes y terremotos que dejaron centenares de muertos y miles de damnificados en las América. También se invitó a los medios de comunicación a "establecer guías y protocolos en caso de tragedias para que la cobertura se desarrolle de manera más organizada".
Acerca de Ecuador la SIP instó al presidente Lenin Moreno y a la Asamblea Nacional a reformar la Constitución para eliminar la figura de la comunicación como "servicio público"; a modificar la Ley Orgánica de Comunicación y pedir una opinión consultiva al Sistema Interamericano, y acordó enviar una misión al país para evaluar el proceso de reformas legales sobre la libertad de expresión y dialogar con las autoridades del Estado, periodistas y organizaciones sociales.
Se aprobaron cuatro resoluciones sobre impunidad. Uno de los documentos se refiere a los 10 periodistas asesinados en la región: siete en México y tres en Honduras. También se condena la prescripción de dos asesinatos en Colombia. Otra resolución destaca la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en agosto por el caso de asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal y expresa la confianza de la SIP de que los jueces alcanzará un fallo favorable para la familia y la lucha contra la impunidad en el país e insta al Estado a continuar con la investigación penal para juzgar y sanción de los autores materiales e intelectuales del crimen.
En impunidad en Brasil se le solicita a las autoridades la aprobación de una ley para la federalización de los crímenes contra comunicadores asesinados y pide el cumplimiento total de los puntos de un acuerdo amistoso entre la SIP y el Estado por el caso de Manoel Leal de Oliveira, asesinado en 1998.
La resolución impunidad México destaca el agravamiento de la violencia y los riegos para el ejercicio del periodismo principalmente en Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, "sin que las autoridades federales y estatales modifiquen esta situación y garanticen un ejercicio libre y sin miedo por parte de los informadores", y se cuestiona la prescripción en la justicia de 14 casos de periodistas asesinados o desaparecidos.
En Perú, la organización se refirió a una serie de proyectos legislativos sobre medios de comunicación y exhorta a los congresistas a retirar las iniciativas que limita el ejercicio periodístico o imponen restricciones de contenidos a los medios. La SIP también insta a Poder Judicial a resolver la controversia entre el Grupo La República, Grupo Epensa y Grupo El Comercio.
La asamblea aprobó dos resoluciones sobre Venezuela. La primera denuncia y condena la práctica represiva del gobierno de restringir la entrega y renovación de pasaportes y otras identificaciones a periodistas, limitando su movilización y violando su "derecho a la identificación y a detentar una nacionalidad". El segundo documento alude y denuncia las numerosas violaciones a la libertad de expresión y agresiones contra periodistas; el cierre de varias radioemisoras, la prohibición de los canales RCNTV y Caracol de Colombia en el país, "con el propósito de silenciar voces disidentes" o con posiciones independientes a la voz oficial.
Finalmente, se aprobó una resolución de agradecimiento en la que la SIP destaca el aporte de todas las personas, participantes y empresas que contribuyeron y apoyaron la celebración exitosa de la reunión.
La 73ª Asamblea General, celebrada en Salt Lake City, Utah, del 27 al 30 de octubre 2017, aprobó el último día de actividades 14 resoluciones.
Una de estas describe las restricciones en el acceso a la información en Argentina, Barbados, Jamaica, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras y Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. El documento exhorta a los países de las Américas que limitan el acceso a la información pública a suspender esas prácticas y en aquellos donde existen leyes, los invita a cumplir con sus contenidos.
Sobre Bolivia, la SIP condenó la estigmatización social de medios y periodistas por parte de funcionarios y militantes del partido de gobierno, así como los ataques físicos, verbales, psicológicos y presiones que padecen. La organización pidió al gobierno garantizar la protección al trabajo periodístico y sancionar a los responsables de agresiones.
La SIP expresó preocupación por la intensificación en Estados Unidos de las agresiones verbales de parte del presidente Donald Trump contra medios de comunicación y sus continuas referencias a la "noticias falsas", actitud que coincide con el incremento de ataques físicos y amenazas a los periodistas. La SIP resolvió organizar, en conjunto con la Reporters Committee for Freedom of the Press, una misión a Washington, DC, para reunirse con autoridades y abordar los temas que están afectando el desempeño de la actividad periodística.
Respecto a Cuba fueron denunciados la condena a tres años de prisión de la periodista Karina Gálvez y las acusaciones policiales contra Sol García Basulto y Henry Constantín Ferreiro. Por estos tres casos la SIP solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas. También fueron las dificultades para acceder a internet y el constante veto oficial para que los periodistas viajen al extranjero o se desplacen dentro del país. La SIP reiteró su exigencia al gobierno y parlamento cubano a que deroguen estatutos que limitan la libertad de prensa.
Sobre desastres naturales, la SIP hizo un reconocimiento especial a los periodistas, reporteros, fotógrafos, camarógrafos y productores, "que haciendo a un lado dificultades -como vías cerradas, servicios básicos cortados, escasez de comida y agua - mantuvieron su espíritu y priorizaron la cobertura" de estos fenómenos, en referencia a los huracanes y terremotos que dejaron centenares de muertos y miles de damnificados en las América. También se invitó a los medios de comunicación a "establecer guías y protocolos en caso de tragedias para que la cobertura se desarrolle de manera más organizada".
Acerca de Ecuador la SIP instó al presidente Lenin Moreno y a la Asamblea Nacional a reformar la Constitución para eliminar la figura de la comunicación como "servicio público"; a modificar la Ley Orgánica de Comunicación y pedir una opinión consultiva al Sistema Interamericano, y acordó enviar una misión al país para evaluar el proceso de reformas legales sobre la libertad de expresión y dialogar con las autoridades del Estado, periodistas y organizaciones sociales.
Se aprobaron cuatro resoluciones sobre impunidad. Uno de los documentos se refiere a los 10 periodistas asesinados en la región: siete en México y tres en Honduras. También se condena la prescripción de dos asesinatos en Colombia. Otra resolución destaca la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en agosto por el caso de asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal y expresa la confianza de la SIP de que los jueces alcanzará un fallo favorable para la familia y la lucha contra la impunidad en el país e insta al Estado a continuar con la investigación penal para juzgar y sanción de los autores materiales e intelectuales del crimen.
En impunidad en Brasil se le solicita a las autoridades la aprobación de una ley para la federalización de los crímenes contra comunicadores asesinados y pide el cumplimiento total de los puntos de un acuerdo amistoso entre la SIP y el Estado por el caso de Manoel Leal de Oliveira, asesinado en 1998.
La resolución impunidad México destaca el agravamiento de la violencia y los riegos para el ejercicio del periodismo principalmente en Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, "sin que las autoridades federales y estatales modifiquen esta situación y garanticen un ejercicio libre y sin miedo por parte de los informadores", y se cuestiona la prescripción en la justicia de 14 casos de periodistas asesinados o desaparecidos.
En Perú, la organización se refirió a una serie de proyectos legislativos sobre medios de comunicación y exhorta a los congresistas a retirar las iniciativas que limita el ejercicio periodístico o imponen restricciones de contenidos a los medios. La SIP también insta a Poder Judicial a resolver la controversia entre el Grupo La República, Grupo Epensa y Grupo El Comercio.
La asamblea aprobó dos resoluciones sobre Venezuela. La primera denuncia y condena la práctica represiva del gobierno de restringir la entrega y renovación de pasaportes y otras identificaciones a periodistas, limitando su movilización y violando su "derecho a la identificación y a detentar una nacionalidad". El segundo documento alude y denuncia las numerosas violaciones a la libertad de expresión y agresiones contra periodistas; el cierre de varias radioemisoras, la prohibición de los canales RCNTV y Caracol de Colombia en el país, "con el propósito de silenciar voces disidentes" o con posiciones independientes a la voz oficial.
Finalmente, se aprobó una resolución de agradecimiento en la que la SIP destaca el aporte de todas las personas, participantes y empresas que contribuyeron y apoyaron la celebración exitosa de la reunión.
La SIP condena la nueva ley de censura y persecución del régimen venezolano
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la recién aprobada "ley contra el odio" en Venezuela a la que consideró "una nueva coartada del régimen de Nicolás Maduro para acabar con la debilitada libertad de expresión".
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó el 8 de noviembre por unanimidad la "Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia". El estatuto de 25 artículos castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por "incitación al odio", condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación.
La ley, bajo conceptos muy ambiguos, también considera penalidades contra los medios que trasmitan propaganda y contra partidos políticos que promuevan "el fascismo". También establece sanciones de 8 a 10 años de cárcel a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, condenó la ley considerando que "criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia, la libertad de asociación y la libertad de expresión". Mohme, director de La República de Lima, Perú, agregó que el régimen "sigue así reglas que le posibilitan legitimar su autoritarismo".
Por su parte, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, México, añadió que "la novedad peligrosa de esta ley es que permite al gobierno ensañarse contra los ciudadanos comunes que protestan o que se expresan en las redes sociales, siendo que hasta ahora su pelea estaba más enfocada contra la oposición política, los periodistas y medios independientes".
En su pasada asamblea realizada a fin de octubre la SIP alertó en el informe de Venezuela sobre lo que entonces era un proyecto de ley: "Paradójicamente, a todo este ambiente de censura el presidente Maduro ha propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente la aprobación de una ley contra el odio y la intolerancia. El proyecto sanciona el odio en términos genéricos, sin definirlo, y excede con creces lo previsto en el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe 'toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia'. El régimen pretende prohibir el odio como tal, reservándose el derecho de determinar qué constituye odio y qué es lo que debe ser sancionado. Sin dudas se trata de otro mecanismo para censurar y crear autocensura".
En esa misma reunión se aprobaron dos resoluciones sobre Venezuela. Una condena la práctica represiva del régimen de restringir la entrega y renovación de pasaportes y otras identificaciones a periodistas, y la otra denuncia las numerosas violaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa "con el propósito de silenciar voces disidentes".
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
viernes, 10 de noviembre de 2017
martes, 7 de noviembre de 2017
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