El reconocimiento de responsabilidad del Estado de Colombia ante la familia de un periodista asesinado hace 21 años, siete asesinatos de periodistas en el último semestre, la firma de la Declaración de Chapultepec del Presidente de Colombia, Iván Duque, así como la violación grave de las libertades fundamentales en Cuba, Nicaragua y Venezuela y la existencia de proyectos de ley regulatorios al ejercicio del periodismo en otros países, fueron los temas destacados en las Conclusiones de la Reunión de Medio Año de la SIP que culminó hoy en la ciudad de Cartagena.
En el marco de la celebración por el 25 aniversario de la Declaración de Chapultepec se celebró el acto público de Reconocimiento de responsabilidad internacional que ante la familia del periodista Nelson Carvajal Carvajal presentó el gobierno de Colombia, y que constituyó uno de los puntos centrales de la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cartagena, Colombia.
La investigación y seguimiento del asesinato del comunicador de Pitalito, en el departamento colombiano de Huila, ocurrido en 1998, se dio gracias a la perseverancia de la SIP y el apoyo de las fundaciones Robert F. Kennedy Human Rights y John S. And James L. Knight.
La vicecanciller de Colombia, Adriana Mejía, y el consejero presidencial de Derechos Humanos, Francisco Barbosa, presentaron disculpas públicas y admitieron la responsabilidad internacional en representación del Estado ante 18 miembros de la familia Carvajal, como lo determinó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 13 de marzo de 2018.
La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, manifestó ante los asistentes, que "este acto representa la influencia, el esfuerzo y la perseverancia de nuestra institución en hechos concretos y cómo la Declaración de Chapultepec, y su cuarto artículo, nos ha obligado a trabajar por la libertad de prensa, por el derecho a la vida y la justicia".
El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, quien firmó la declaración de Chapultepec, exaltó la defensa a la prensa independiente y resaltó el compromiso de su gobierno a proteger no sólo la integridad de los periodistas, sino la libertad de prensa y el libre flujo de ideas.
Es lamentable que, como en cada reunión semestral, se continúa rindiendo homenaje a periodistas asesinados en el hemisferio. La Comisión de Libertad de Prensa informó que desde octubre de 2018, se cometieron siete asesinatos, seis de los cuales se perpetraron en México y uno en Honduras.
Se expresaron críticas al sistema de protección para periodistas en México, mientras que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un mensaje a esta reunión, enfatizó sobre la responsabilidad de los Estados en implementar medidas de protección. Se destaca la que en Brasil, Colombia y Paraguay se hayan reabierto investigaciones en seis casos de periodistas asesinados.
Especial atención se prestó a la ausencia de libertades fundamentales en Venezuela, tema que fue discutido en un panel en el que participaron el secretario general de la OEA, Luis Almagro, entre otros expertos en derechos humanos y prensa, y también abordado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en un mensaje audiovisual.
La estrategia oficial en Nicaragua y Venezuela es similar. Se denunció el robo y vandalismo a las instalaciones de medios, decomiso y destrucción del equipo de trabajo de los periodistas, retención de insumos de producción y detenciones arbitrarias. Las situación de la prensa en ambos países constituye una crisis en la región; los miembros de la SIP apelaron a periodistas, autoridades locales y multilaterales a que continúen denunciando la magnitud de los atropellos y, en especial, por la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, de 100% Noticias de Nicaragua y la investigación del asesinato del periodista Miguel Ángel Gahona, para que no quede en la impunidad.
La represión a los periodistas continúa en Cuba, así como prohibición de salir del país a varios periodistas y el decomiso de equipo.
La estigmatización e insultos a la prensa, generados por funcionarios públicos y difundidos en redes sociales, crean un ambiente hostil para la prensa e instigan violencia contra periodistas y medios en Brasil, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos.
La profesionalización obligatoria de los periodistas no termina de desaparecer en la legislación. En Colombia avanza una ley para reinstaurar el carnet profesional y en Ecuador se mantuvo la norma en la reforma ya aprobada de la Ley de Comunicación.
En materia legal y judicial existen trabas y restricciones al ejercicio periodístico como la imposición de contenido y propaganda electoral que se evidencia en Bolivia, República Dominicana y Uruguay, la falta de leyes de acceso a la información en Puerto Rico y Barbados, mientras que continúa el uso de normas penales y demandas millonarias que apuntan a disuadir a los periodistas en Panamá y Argentina. En Canadá, Argentina y Estados Unidos existe la tendencia de perseguir a periodistas para que revelen sus fuentes.
También existen intentos de regular y sancionar la comunicación digital y el flujo de información en redes sociales, imponer el derecho al olvido en distintas circunstancias y normar el uso de datos personales, aspectos que podrían derivar en una tendencia hacia la censura en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Ecuador. Además, se observan con atención las iniciativas regulatorias en contra de las "noticias falsas", que se discuten en Colombia y Costa Rica.
Estos hechos evidencian la vigencia de los principios contenidos en la Declaración de Salta, aprobada por la Asamblea General de la SIP en Octubre de 2018, en referencia a la libertad de expresión y prensa en el ámbito digital. La Presidenta de la SIP asumió el compromiso de promover esta declaración mediante una campaña de difusión con el apoyo de los socios de la organización.
En esta reunión quedó en evidencia la crisis económica que afecta a las empresas periodísticas independientes en todo el hemisferio. Habiéndose aportado algunas herramientas y el análisis y estrategias de modelos económicos a sabiendas que la salud económica de un medio es esencial para preservar la independencia y para hacer buen periodismo.
