La Constitución de la OMS afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.” El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. No obstante, unos 100 millones de personas de todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios.
Los grupos vulnerables y marginados de las sociedades suelen tener que soportar una proporción excesiva de los problemas sanitarios. Todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud, sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra condición. La no discriminación y la igualdad exigen que los Estados adopten medidas para reformular toda legislación, práctica o política discriminatoria.
Entre las libertades se incluye el derecho de las personas de controlar su salud y su cuerpo sin injerencias. Estos exigen el de acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar.
Para ser claros. El único que puede decidir acerca de su salud y qué tratamiento desea seguir o no es uno mismo y dicha decisión se debe tomar sin presión ni injerencia de nadie, según la ley. La discriminación es además ilegal. Ser blanco o negro, cristiano o musulmán, joven o viejo, vacunado o no, no son motivos de discriminación. Las autoridades peruanas ahora se quieren apoderar de tu cuerpo, de tu vida y de tu futuro en todos los campos económicos y ahora sanitarios y sociales.
La misma Constitución de Perú reitera el fondo del asunto que voy a tratar con bastante crítica con base estructural. Por otra parte, y es lo más grave, es que estas leyes, protocolos o supuestas estrategias para defendernos de la pandemia son todas y cada una de ellas equivocadas y contra la vida. Si una ley le pide arrojarse desde un sexto piso de un edificio, seguramente usted no la cumplirá.
Esto es lo mismo. Imponer leyes sobre las leyes que le costaron a la humanidad 500 años de luchas y millones de muertos en estas y para colmo, normas científicamente contradictorias, que lo único que logran es más muertes. Como mal informan adrede los medios de comunicación comprados por los grandes intereses de los amos del mundo, entre ellos los propietarios del sistema de salud integral mundial (compañías de seguros, farmacéuticas, laboratorios, clínicas, médicos y un sin número de poderosos proveedores de este sector), la supuesta e inexistente vacuna no sólo no es la solución, sino el problema.
En busca de seguir comprando más y más, ahora resulta que el gobierno dictó un decreto que para que a partir del 15 de diciembre los no vacunados mayores de 18 no puedan ingresar a lugares públicos de cualquier tipo. Ahora bien, un niño de 16 asintomático contagia. Una persona vacunada cuatro veces también contagia. Y podría enumerar decenas de incongruencias.
Sin embargo, el punto de esta nota no es este. Lo central es que están cometiendo dos garrafales errores ilegales: la discriminación y el derecho a la libre determinación sobre su cuerpo. El objetivo de toda esta maniobra es seguir justificando las compras de estos experimentos líquidos, que nos convierten en conejillos de india. Razones científicas hay por montón y legales hay aún más. Mi pueblo, mis ancestros y yo hemos luchado por la sagrada libertad y lo seguiré haciendo.
No me vacunaré y si eso significa que sólo podré salir a las 11 de la noche a pasear al parque o nadar a mar abierto a las seis de la tarde eso haré. Si no podré ingresar a un restaurante, a un cine, a un centro comercial o a cualquier otro lugar, me importa un comino, ya que nadie se va a apropiar de mis ideas, de mis opiniones, de mi cuerpo y de mis libertades. Y si van a quebrar la ley, seré el primero en denunciarlo y enfrentarme sin temor a ellos. Mi más grande miedo es no ser libre y formar parte de personas que actúen como robots sin autonomía.
