El 28 de noviembre de 2023 se presentaron cargos penales contra los principales responsables de la compra de vacunas de ARNm de la COVID-19 para la Unión Europea ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Se trata, en concreto, del primer acuerdo de compra anticipada entre la Comisión Europea, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, y Pfizer/BioNTech, de noviembre de 2020.
La denuncia fue presentada por la organización internacional de derechos humanos United for Freedom. El presidente honorario de la sección alemana es el antiguo jefe de la Oficina Estatal de Policía Criminal de Turingia, Uwe Kranz. Kranz y Marianne Grimmenstein-Balas actúan como denunciantes en nombre de la organización. Grimmenstein-Balas saltó a la fama tras presentar una demanda constitucional contra el tratado de libre comercio CETA ante el Tribunal Constitucional Federal.
Los denunciantes consideran que la aprobación, el desarrollo, la entrega y la administración de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer/BioNTech son un “crimen de genocidio global y un crimen contra la humanidad”. Por ello, exigen una decisión rápida del tribunal para que se pueda detener de inmediato “la administración y distribución de esta vacuna”.
Justifican la remisión a la Corte Penal Internacional argumentando que los presuntos crímenes se cometieron a gran escala y que faltaron procesos penales nacionales pertinentes.
El presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), Thomas Haldenwang, rechazó las críticas contra su agencia, que la califican de "policía del pensamiento" o "protección gubernamental".
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“La vida de 451 millones de ciudadanos de la UE está en peligro”
El acuerdo de compra anticipada entre Pfizer/BioNTech y la UE se firmó a pesar de saber que las vacunas no habían sido probadas adecuadamente, según la denuncia. Aunque la Comisión Europea y los gobiernos de los estados miembros de la UE se negaron a revelar el contrato, el documento se hizo público recientemente.
Los denunciantes afirman que la Comisión y los gobiernos nacionales de la UE han “puesto en riesgo las vidas de 451 millones de ciudadanos de la UE”. Por ello, acusan a los responsables de “numerosas violaciones del Código de Núremberg, crímenes contra la humanidad, crímenes de genocidio y crímenes de guerra”, afirma la denuncia penal.
Kranz y Grimmenstein-Balas se basan en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 15.1 y 53. Según este estatuto, el Fiscal General puede iniciar investigaciones basadas en información relativa a presuntos crímenes que son competencia de la Corte.
