SANTIAGO, CHILE.- El periodista Pablo Medina Velázquez murió hace pocos días acribillado a balazos en una emboscada en un inhóspito camino rural del interior del Paraguay. Tenía 53 años y trabajaba hacía 16 como corresponsal del diario ABC Color, el principal del país, en la ciudad de Curuguaty, a 250 kilómetros de Asunción. Lo mataron dos sicarios de la droga con una pistola 9 mm y una escopeta, en un crimen que ha dejado paralizado y sin aliento al pueblo guaraní.
Medina no viajaba solo. En el atentado también fue masacrada su asistente Antonia Maribel Almada Chamorro, de 19 años. La hermana de ésta, Juana Ruth, de 30 años, que iba en el asiento trasero, salió ilesa.
El periodista volvía de realizar coberturas en áreas indígenas en una camioneta Mitsubishi doble cabina. Dos individuos aparecieron desde un monte camuflados con ropas verdes, detuvieron la marcha de su vehículo y hasta le preguntaron si se trataba del corresponsal de ABC. Después de asegurarse su identidad, reportan las crónicas de la prensa paraguaya, uno de ellos extrajo su pistola y le gatilló cuatro tiros.
Medina cayó sobre el volante. Un instante después lo remataron con un escopetazo en la cabeza. A su lado, Antonia Maribel recibió dos balazos y murió más tarde, aunque alcanzó a dar aviso a pobladores locales. Se cree que Juana Ruth se salvó porque no la vieron.
Las investigaciones revelaron que jefes mafiosos de carteles de marihuana de esa zona desposeída y agreste se habían reunido días antes, molestos por las denuncias que Medina venía formulando. Enterados de que pensaba armar un documental sobre sus actividades, decidieron quitarle la vida. Varios de ellos están detenidos.
Medina era un profesional riguroso e insobornable en una zona infestada por la producción y el tráfico de marihuana. Su testimonio, así como el de Elías Fernández Fleitas y Fausto Gabriel Alcaraz, otros dos colegas paraguayos muertos este año por ventilar corruptelas en la venta de narcóticos, es un ejemplo mayúsculo de vocación periodística y pasión profesional por encima de riesgos, represalias y matones.
Su historia ilumina el presente angustiante y absurdo que vive la libertad de expresión en las Américas. La violencia consumada por el crimen organizado, los asesinos a sueldo del narcotráfico y los grupos parapoliciales a órdenes de gobiernos de la región dejó en el último semestre un saldo de once periodistas asesinados: tres en Honduras, dos en México, uno en El Salvador, uno en Colombia y uno en Perú, además de los mencionados.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acaba de dejar constancia aquí, en su reunión anual, de la sarta de atropellos y vejaciones que sufre el periodismo libre por el solo hecho de cumplir con su misión de informar a lectores y audiencias.
La reunión resultó una experiencia tan necesaria como extenuante. Editores de los principales diarios y revistas de la región enunciaron a viva voz, uno por uno, con ejemplos y anécdotas, las crecientes dificultades para ejercer el periodismo en democracias intolerantes y arbitrarias que desprecian el papel imprescindible que le cabe a la prensa libre en todo Estado de Derecho.
Surgió una conclusión nítida: los ataques no vienen sólo del narcotráfico. Una epidemia de ambición de poder sin límites se extiende por la región bajo gobiernos que se resisten a rendir cuentas de sus actos, retaceando sin pudor la información oficial, mientras combaten a los comunicadores mediante leyes de prensa, ejércitos de propaganda, justicia adicta o bajo constante presión y carradas de dinero para los comunicadores amigos.
Lo más oscuro del hemisferio, claro está, se ve en Cuba. Todavía hoy cuatro periodistas permanecen presos con penas de 7 y 14 años mientras continúa la detención masiva de disidentes (905, en abril, y ¡1120 en mayo!) por el pecado de expresar sus opiniones políticas. La misma isla en la que la bloguera Yoani Sánchez lucha denodadamente contra los bloqueos a su diario digital 14yMedio, lanzado hace sólo seis meses.
De allí para abajo se acumulan prepotencias y censuras. En Ecuador, dos organismos oficiales, con 300 funcionarios designados específicamente a tal fin, controlan palabra por palabra los contenidos que emite cada diario, revista, cadena de TV o radio en busca de violaciones de la ley de comunicación recientemente sancionada, que considera la información un “servicio público”.
Cuatro medios fueron denunciados en los últimos seis meses por no haber cubierto “debidamente” la visita del presidente Rafael Correa a Chile. La ley de “pánico económico” impone una pena de cárcel de 7 a 10 años a quien, fuera o dentro del país, “difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional”. Ya hay cuatro medios impresos cerrados. El ex presidente de la SIP Jaime Mantilla puede dar fe de ello: después de 32 años, su diario Hoy es una de las voces que han dejado de existir.
Venezuela incorpora la violencia. En los últimos seis meses, en medio de una gran cantidad de protestas y manifestaciones públicas, miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes estudiantes y periodistas, fueron detenidos, amenazados, algunos torturados y otros procesados judicialmente. A muchos reporteros les decomisaron sus equipos o les borraron sus memorias fotográficas funcionarios policiales o militares; en su defecto, lo hacían los llamados “colectivos populares”, grupos civiles identificados con el gobierno.
Los diarios independientes agonizan, imposibilitados hace 18 meses de conseguir papel de diario debido a la prohibición oficial de liberar divisas para pagar ese insumo importado. Doce matutinos dejaron de circular parcial o definitivamente, más de 34 diarios y revistas de 11 estados debieron cerrar suplementos, reducir el número de páginas o discontinuar su salida los fines de semana. Los diarios colombianos evitaron la catástrofe total al proveerlos de bobinas de papel, alivio que durará un suspiro, pues las restricciones se mantienen.
En la actualidad hay tres tipos de cambio legales de moneda, y un cuarto, el paralelo, negro o “innombrable”, al cual el gobierno prohíbe nombrar so pena de ser acusado de conspirador. Tras doce años de negativas, el gobierno venezolano volvió a rechazarle esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la autorización para visitar el país.
Los editores venezolanos soportan verdaderos tormentos morales, acusados disparatadamente de magnicidios y de “terrorismo económico”. Miguel Henrique Otero, editor de El Nacional, el diario más importante de Venezuela, recibió una espontánea ovación de pie por parte de cientos de periodistas por su heroica resistencia al chavismo: “Buscan sembrar el miedo y deslegitimarnos”, contó Otero.
La lista sigue. En Haití, Chile y Colombia varias leyes permiten a los gobiernos y órganos de control entremeterse en contenidos y criterios editoriales. En Brasil, sentencias judiciales impidieron la circulación de libros y revistas, y en Bolivia, los candidatos de la oposición padecieron duras restricciones legales para aparecer en los medios en la reciente campaña presidencial. Sólo Perú, Chile y Colombia hacen, a veces, declaraciones sobre la necesidad de respetar la libertad de expresión. Pero con eso no alcanza.
La SIP ubica a la Argentina en el eje del mal, compartiendo las mismas herejías que Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Bolivia: estigmatización y señalamiento desde el Estado a medios no adictos, persecución a editores, leyes disfrazadas de pluralismo, grandes aparatos de propaganda estatales y privados alimentados por publicidad oficial, acusaciones de golpismo y otras insensateces de baja estofa.
Los editores no han estado aquí solos. Importantes referentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como la ex relatora para la Libertad de Expresión Catalina Botero; su sucesor, el uruguayo Edison Lanza, y el director de Human Rights Watch Americas, José Miguel Vivanco, refrendaron la retahíla de padeceres expuestos ante la sociedad chilena.
“Pese a todas las denuncias públicas, advertencias nacionales e internacionales y recomendaciones de los organismos multilaterales encargados de velar por los derechos humanos, un conjunto nada desdeñable de gobiernos latinoamericanos han resuelto hacerse los sordos ante el clamor que se encajona en las oficinas de los censores oficiales”, sentenció el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, Claudio Paolillo.
Toda una paradoja: su país, Uruguay, es la cenicienta del continente en la materia, si bien un proyecto de ley de prensa merodea despachos oficiales. Un modelo de respeto y tolerancia hacia la tarea de los reporteros, lo que quedó en evidencia cuando le tocó el turno de exponer a Washington Beltrán, de El País, de Montevideo, en nombre de los colegas rioplatenses. Sólo necesitó 60 segundos para dar cuenta de la madurez charrúa y ganarse el aplauso de admiración de todos.
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