ESTIMADOS, PARA ATENDERLOS LO MEJOR POSIBLE POR FAVOR ENVIARME LOS TEMAS QUE QUIEREN LEER.
IDIOMA
POLÍTICA
PERU
INTERNACIONAL
ECONOMÍA
LIBERTAD DE PRENSA
INVESTIGACIÓN
DEPORTES
SOCIALES
MÚSICA
ALEMANIA
ETC.
HANS-PETER FIRBAS
hpfirbas@outlook.com
lunes, 23 de julio de 2018
domingo, 22 de julio de 2018
MARC MÁRQUEZ MÁS LÍDER QUE NUNCA
El campeón mundial de Moto GP, el español Marc
Márquez en Honda, sigue siendo el rey de Sachsenring. El piloto de Honda logró
en dicho autódromo alemán su novena victoria consecutiva. Diez vueltas antes
del final de la carrera, encendió el acelerador, dejó a todos atrás y condujo
hacia la victoria de forma segura, mientras su encarnizado rival, el italiano
Valentino Rossi en Yamaha hizo lo que pudo, pero sólo consiguió el segundo
puesto, mientras el otro Yamaha de Maverick Viñales completó el podio.
Con cuarenta carreras ganadas y setenta
podios, Márquez se limitó a declarar, pero siempre con esa carcajada como parte
de su personalidad: "¡Cada año es más difícil ganar aquí!
"Especialmente este fue muy problemático porque todos tuvimos buenas
condiciones el fin de semana, por lo que todos pudieron tener su moto en el
equilibrio correcto. Al comienzo de la competencia, traté de ahorrar el
neumático trasero y los tiempos de conducción. Allí estuvo la diferencia a mi
favor.”
Jorge Lorenzo lideraba las primeras
vueltas, Danilo Petrucci era segundo y Márquez tercero "Fue difícil. Mi
inicio no fue perfecto, perdí dos posiciones y adelantar a los pilotos de
Ducati resultó complicado". Márquez y Rossi encontraron su camino
adelantando a Petrucci en el primer tercio de la carrera. Los tres primeros
(Lorenzo / Márquez / Rossi) pudieron asentarse en el episodio, mientras que
Petrucci lideraba el grupo perseguidor en la cuarta casilla.
Rossi trataba por todos los medios de
sobre pasar a Márquez, faltando únicamente diez vueltas para el final. Ambos y
Viñales le ganaban el puesto hasta el entonces líder Lorenzo, quien por una no
tan acertada elección de neumáticos, perdió adherencia y bajó al sexto lugar,
siendo también víctima de Danilo Petrucci y Álvaro Bautista. El Gran Premio de
Alemania le significó a Márquez ampliar su ventaja en el campeonato GP por 46
unidades sobre Rossi. Diez puntos atrás Viñales.
La próxima en la República Checa, en el
legendario Brno el 5 de agosto.
Hans-Peter Firbas
DESPIDOS DE AGENCIA ESTATAL DE NOTICIAS ARGENTINA TÉLAM
El Colectivo de Trabajadores de la Cultura se expresó esta tarde en apoyo de los despedidos de Télam con una suelta de libros y feria de editoriales. La actividad se desarrollará hasta las 17 frente a la sede de la agencia, en el Pasaje 5 de Julio, que comunica la Avenida Belgrano con Venezuela. Se donaron unos mil ejemplares para repartir entre quienes se acerquen.
A las 14, en Belgrano 347, se procedió a la lectura del documento firmado por casi 500 personas entre escritores, periodistas culturales, libreros y editores. El escritor Julián López estuvo a cargo de la lectura. El conflicto se inició el 26 de junio con 357 despidos, el 40 por ciento de total de la agencia de noticias del Estado. Una cautelar ya ordenó reincorporar a cinco trabajadores, mientras el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y el responsable de Télam, Rodolfo Pousá, avalaron las cesantías, que incluyeron el cierre de corresponsalías.
Tras la lectura, y mientras continúa la feria de libros, hay actividades en la sede de Télam. Habrá una mesa reunida bajo la consigna “Pensar la lucha, la lucha para pensar”. Entre otros, estarán el abogado Raúl Cerdeiras y el historiador Ezequiel Adamovsky. Además, se sumarán las voces de otros colectivos en lucha, como los becarios del Conicet, los despedidos del Inti, los trabajadores de Astilleros Ríos Santiago, del Hospital Posadas y de la Multisectorial contra el Tarifazo.
A las 14, en Belgrano 347, se procedió a la lectura del documento firmado por casi 500 personas entre escritores, periodistas culturales, libreros y editores. El escritor Julián López estuvo a cargo de la lectura. El conflicto se inició el 26 de junio con 357 despidos, el 40 por ciento de total de la agencia de noticias del Estado. Una cautelar ya ordenó reincorporar a cinco trabajadores, mientras el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y el responsable de Télam, Rodolfo Pousá, avalaron las cesantías, que incluyeron el cierre de corresponsalías.
Tras la lectura, y mientras continúa la feria de libros, hay actividades en la sede de Télam. Habrá una mesa reunida bajo la consigna “Pensar la lucha, la lucha para pensar”. Entre otros, estarán el abogado Raúl Cerdeiras y el historiador Ezequiel Adamovsky. Además, se sumarán las voces de otros colectivos en lucha, como los becarios del Conicet, los despedidos del Inti, los trabajadores de Astilleros Ríos Santiago, del Hospital Posadas y de la Multisectorial contra el Tarifazo.
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La Guerra Psicológica es un arma ofensiva y defensiva.
La guerra psicológica puede llevarse a cabo mediante dos escuelas: la norteamericana y la alemana. El estilo alemán, al que hay que agregar el actual estilo soviético, es más profundo, más doctrinario, y llega por lo tanto más hondo al espíritu de las masas, combatientes o no. La propaganda, para esos estilos, es meramente un aspecto mecánico de la guerra psicológica: un elemento subsidiario, no intrínsecamente fundamental.
Porque, repito, el objetivo primo de la guerra psicológica es crear, en el o los adversarios, un clima mental, una serie de sentimientos que, conduciéndolos por las sucesivas etapas del miedo, del pánico, de la desorientación, del pesimismo, de la tristeza, del desaliento, en fin, los lleve a la derrota
EL MIEDO. — Vamos a considerar en seguida la incidencia que tienen el miedo y la rabia en el estado anímico de los individuos.
El miedo es un estado psíquico reflejo, establecido pues inconscientemente, incontrolable, que paraliza las actividades de la guerra y detiene asimismo toda defensa. Se produce cuando el instinto de conservación se ve acosado por un hecho exterior que amenaza la integridad física o moral del individuo. El que tiene miedo, ya se sabe, pierde toda posibilidad de defenderse. Este estado psíquico del miedo atraviesa por distintas etapas ascendentes: la prudencia, la cautela, la alarma, el temor controlable, la ansiedad que puede hacerse angustiosa y hasta desesperada, el pánico y, finalmente, el terror.
La prudencia se manifiesta porque la gente comienza a ser parca en sus expresiones y a mantenerse discreta: es la primera etapa del miedo.
Lo que posiblemente originó la gran fortaleza del frente interno alemán fue la seguridad y la precisión de las informaciones, que trasuntaban seguridad en el comando.
Otra de las causas que contribuyen a acrecentar el miedo en la población es el misterio que irradia la situación. El anuncio de que existe un arma secreta y de que se ha instaurado un régimen se difunde mediante la propaganda consistente en la multiplicación de rumores. Por eso, los alemanes hicieron una gran propaganda sobre los mortales efectos de sus armas, antes de utilizarlas. Pusieron en práctica, además, el sistema de los estímulos anormales, consistentes en ruidos y otros procedimientos.
Es un hecho evidente, comprobado en la vida normal, que el silencio absoluto produce miedo, mucho más miedo que el estruendo de las bombas. El ruido absoluto no es comparable, en sus efectos sobre el miedo, con el silencio absoluto.
En algunas personas el miedo no es producido por el silencio o el ruido absolutos sino por la brusca interrupción de aquél. Hay que tener en cuenta otro factor, que es la predisposición de ciertas personas al miedo. Éstas reaccionan más fuertemente que otras, a consecuencia de poseer un temperamento menos firme o, como se dice, enérgico: éstos son los emotivos, los impresionables, los sugestionables.
La GP como arma ofensiva
Consideraremos ahora cómo actúa la guerra psicológica, en su carácter de arma ofensiva o agresiva.
Ya hemos dicho que debe provocarse el miedo en el adversario. Para inducir al miedo al sector antagónico, se emplean dos procedimientos. Toda la guerra psicológica ofensiva debe tender a debilitar y quebrar la moral de guerra del adversario, desbaratando su ajuste psicológico. Todo ello debe realizarse por innúmeros procedimientos.
¿Cómo lo hicieron los alemanes? Pues descubriendo algo así como la piedra filosofal: estudiando a fondo, minuciosa y exhaustivamente la psicología —es decir la medida de la "fuerza" del espíritu de sus grandes jefes: Moltke, Blücher, Scheimhorts, Gneisenau, etc. Del conjunto de las virtudes psicológicas de aquellos grandes conductores, dedujeron y determinaron el prototipo ideal del jefe militar alemán.
Las virtudes de este prototipo, son:
1º Completo dominio de sí mismo.
2º Poder de sugestión sobre los demás.
3º Decisiones reflexivas y rápidas.
4º Tendencia heroica y "amor a los valores puros"
Porque, repito, el objetivo primo de la guerra psicológica es crear, en el o los adversarios, un clima mental, una serie de sentimientos que, conduciéndolos por las sucesivas etapas del miedo, del pánico, de la desorientación, del pesimismo, de la tristeza, del desaliento, en fin, los lleve a la derrota
EL MIEDO. — Vamos a considerar en seguida la incidencia que tienen el miedo y la rabia en el estado anímico de los individuos.
El miedo es un estado psíquico reflejo, establecido pues inconscientemente, incontrolable, que paraliza las actividades de la guerra y detiene asimismo toda defensa. Se produce cuando el instinto de conservación se ve acosado por un hecho exterior que amenaza la integridad física o moral del individuo. El que tiene miedo, ya se sabe, pierde toda posibilidad de defenderse. Este estado psíquico del miedo atraviesa por distintas etapas ascendentes: la prudencia, la cautela, la alarma, el temor controlable, la ansiedad que puede hacerse angustiosa y hasta desesperada, el pánico y, finalmente, el terror.
La prudencia se manifiesta porque la gente comienza a ser parca en sus expresiones y a mantenerse discreta: es la primera etapa del miedo.
Lo que posiblemente originó la gran fortaleza del frente interno alemán fue la seguridad y la precisión de las informaciones, que trasuntaban seguridad en el comando.
Otra de las causas que contribuyen a acrecentar el miedo en la población es el misterio que irradia la situación. El anuncio de que existe un arma secreta y de que se ha instaurado un régimen se difunde mediante la propaganda consistente en la multiplicación de rumores. Por eso, los alemanes hicieron una gran propaganda sobre los mortales efectos de sus armas, antes de utilizarlas. Pusieron en práctica, además, el sistema de los estímulos anormales, consistentes en ruidos y otros procedimientos.
Es un hecho evidente, comprobado en la vida normal, que el silencio absoluto produce miedo, mucho más miedo que el estruendo de las bombas. El ruido absoluto no es comparable, en sus efectos sobre el miedo, con el silencio absoluto.
En algunas personas el miedo no es producido por el silencio o el ruido absolutos sino por la brusca interrupción de aquél. Hay que tener en cuenta otro factor, que es la predisposición de ciertas personas al miedo. Éstas reaccionan más fuertemente que otras, a consecuencia de poseer un temperamento menos firme o, como se dice, enérgico: éstos son los emotivos, los impresionables, los sugestionables.
La GP como arma ofensiva
Consideraremos ahora cómo actúa la guerra psicológica, en su carácter de arma ofensiva o agresiva.
Ya hemos dicho que debe provocarse el miedo en el adversario. Para inducir al miedo al sector antagónico, se emplean dos procedimientos. Toda la guerra psicológica ofensiva debe tender a debilitar y quebrar la moral de guerra del adversario, desbaratando su ajuste psicológico. Todo ello debe realizarse por innúmeros procedimientos.
¿Cómo lo hicieron los alemanes? Pues descubriendo algo así como la piedra filosofal: estudiando a fondo, minuciosa y exhaustivamente la psicología —es decir la medida de la "fuerza" del espíritu de sus grandes jefes: Moltke, Blücher, Scheimhorts, Gneisenau, etc. Del conjunto de las virtudes psicológicas de aquellos grandes conductores, dedujeron y determinaron el prototipo ideal del jefe militar alemán.
Las virtudes de este prototipo, son:
1º Completo dominio de sí mismo.
2º Poder de sugestión sobre los demás.
3º Decisiones reflexivas y rápidas.
4º Tendencia heroica y "amor a los valores puros"
hpf
Ahora WhatsApp tiene restricciones para los mensajes reenviados
La nueva función que notifica a los usuarios si un mensaje ha sido reenviado en WhatsApp causó polémica desde su anuncio, por lo que Facebook decidió incluir el aviso de "reenviado" sin indicar al destinatario quién compartió el texto o la imagen en primer lugar.
Tampoco avisa al emisor original de que su mensaje ha sido reenviado.
Entre otras restricciones dentro de la nueva herramienta, los mensajes reenviados estarían restringidos a 20 chats por persona en todo el mundo, normativa que cambia hasta cinco en India, debido a la cantidad de asesinatos en dicho país a causa de la difusión de noticias falsas por medio de la app.
"Creemos que estos cambios, que seguiremos evaluando, ayudarán a mantener WhatsApp como estaba diseñado: una aplicación de mensajería privada", indicó la compañía en una publicación en su blog oficial.
La nueva restricción entrará en vigor a partir de esta semana entre los más de mil millones de usuarios de WhatsApp, aunque el cambio afectará en su mayoría a India, región que más mensajes reenvía dentro del app, dijo la firma en el comunicado.
De igual forma, WhatsApp indicó que eliminará el botón de reenvío de los mensajes que incluyan multimedia como grabaciones de audio, videos o imágenes.
De esta forma, WhatsApp tratará de disminuir las críticas sobre su responsabilidad en sucesos como los de India o la propagación de noticias falsas y estafas por medio de su plataforma.
Tampoco avisa al emisor original de que su mensaje ha sido reenviado.
Entre otras restricciones dentro de la nueva herramienta, los mensajes reenviados estarían restringidos a 20 chats por persona en todo el mundo, normativa que cambia hasta cinco en India, debido a la cantidad de asesinatos en dicho país a causa de la difusión de noticias falsas por medio de la app.
"Creemos que estos cambios, que seguiremos evaluando, ayudarán a mantener WhatsApp como estaba diseñado: una aplicación de mensajería privada", indicó la compañía en una publicación en su blog oficial.
La nueva restricción entrará en vigor a partir de esta semana entre los más de mil millones de usuarios de WhatsApp, aunque el cambio afectará en su mayoría a India, región que más mensajes reenvía dentro del app, dijo la firma en el comunicado.
De igual forma, WhatsApp indicó que eliminará el botón de reenvío de los mensajes que incluyan multimedia como grabaciones de audio, videos o imágenes.
De esta forma, WhatsApp tratará de disminuir las críticas sobre su responsabilidad en sucesos como los de India o la propagación de noticias falsas y estafas por medio de su plataforma.
Congreso buscará suspender funciones del CNM para aplicar reforma integral
Luego de aprobar la remoción de todos los consejeros, el Parlamento se autoconvocó para el lunes a un Pleno extraordinario.
Poco a poco, los protagonistas de los audios de la vergüenza, que han hecho visible la corrupción en el sistema judicial, van cayendo. Ayer, fue el turno de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, con 118 votos a favor, la remoción de todos los consejeros, al amparo del artículo 157 de la Constitución que invocó el presidente Martín Vizcarra , luego de escuchar las negociaciones entre consejeros y magistrados.
En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, con 118 votos a favor, la remoción de todos los consejeros, al amparo del artículo 157 de la Constitución que invocó el presidente Martín Vizcarra , luego de escuchar las negociaciones entre consejeros y magistrados.
Según la resolución legislativa, integrantes del CNM “menoscabaron la dignidad de sus cargos y generaron desprestigio para la institución” .
Sin embargo, el paso más importante para reformar el CNM , entidad que se encarga de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales a nivel nacional, tendrá lugar este lunes . Ese día, habrá otro Pleno extraordinario, a las 3 p.m., por acuerdo de la Junta de Portavoces.
A través de un oficio dirigido al titular del Parlamento, Luis Galarreta , que fue recibido ayer a las 7 p.m., congresistas de diversas bancadassolicitaron que se autoconvoque a una legislatura extraordinaria para adoptar “acuerdos y medidas relacionadas al CNM, así como la declaración en emergencia de dicha institución” .
El vocero del Frente Amplio, Wilbert Rozas, quien participó en la reunión de los portavoces, indicó a Perú21 que hubo consenso en aprobar un proyecto de ley multipartidario para suspender las funciones del CNM mientras se desarrolla la reforma de dicha entidad .
“Se paraliza todo mientras dure la reforma integral. Hay un planteamiento de que sea por nueve meses. Esto implicará modificar la Constitución y para eso se necesita dos legislaturas, la primera será el lunes y la segunda después. He visto consenso. No hubo opiniones en contra, salvo que el día lunes aparezcan en el debate ”, manifestó el legislador Rozas.
Investigación
Antes que se lleve a cabo el debate en el Pleno, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría otorgarle a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para que investigue a los ex consejeros Iván Noguera y Julio Gutiérrez .
Este proceso también incluye al suspendido juez supremo César Hinostroza.
La acusación, que obtuvo 19 votos a favor y dos en contra, fue presentada por los parlamentarios de Peruanos por el Kambio (PpK) Mercedes Aráoz, Patricia Donayre, Guido Lombardi, Carlos Bruce y Alberto Oliva. Quienes no dieron su aprobación fueron las legisladoras de Alianza para el Progreso Marisol Espinoza y Gloria Montenegro, pues no se encontraban de acuerdo con el plazo.
Los tres investigados son acusados por aparecer en audios que revelanpresuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados, aunque ellos han negado ser parte de esta trama .
Sin embargo, el paso más importante para reformar el CNM , entidad que se encarga de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales a nivel nacional, tendrá lugar este lunes . Ese día, habrá otro Pleno extraordinario, a las 3 p.m., por acuerdo de la Junta de Portavoces.
A través de un oficio dirigido al titular del Parlamento, Luis Galarreta , que fue recibido ayer a las 7 p.m., congresistas de diversas bancadassolicitaron que se autoconvoque a una legislatura extraordinaria para adoptar “acuerdos y medidas relacionadas al CNM, así como la declaración en emergencia de dicha institución” .
El vocero del Frente Amplio, Wilbert Rozas, quien participó en la reunión de los portavoces, indicó a Perú21 que hubo consenso en aprobar un proyecto de ley multipartidario para suspender las funciones del CNM mientras se desarrolla la reforma de dicha entidad .
“Se paraliza todo mientras dure la reforma integral. Hay un planteamiento de que sea por nueve meses. Esto implicará modificar la Constitución y para eso se necesita dos legislaturas, la primera será el lunes y la segunda después. He visto consenso. No hubo opiniones en contra, salvo que el día lunes aparezcan en el debate ”, manifestó el legislador Rozas.
Investigación
Antes que se lleve a cabo el debate en el Pleno, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría otorgarle a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para que investigue a los ex consejeros Iván Noguera y Julio Gutiérrez .
Este proceso también incluye al suspendido juez supremo César Hinostroza.
La acusación, que obtuvo 19 votos a favor y dos en contra, fue presentada por los parlamentarios de Peruanos por el Kambio (PpK) Mercedes Aráoz, Patricia Donayre, Guido Lombardi, Carlos Bruce y Alberto Oliva. Quienes no dieron su aprobación fueron las legisladoras de Alianza para el Progreso Marisol Espinoza y Gloria Montenegro, pues no se encontraban de acuerdo con el plazo.
Los tres investigados son acusados por aparecer en audios que revelanpresuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados, aunque ellos han negado ser parte de esta trama .
Brasil: agressões, ameaças e vandalismo contra jornalistas e mídia
O país continua apresentando um cenário preocupante para o exercício do jornalismo. Nos últimos seis meses, dois jornalistas foram mortos no país em função de sua atuação profissional.
A Associação Nacional de Jornais (ANJ), em acompanhamento conjunto com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), também registrou nesse período, 25 casos de agressão, 7 de ameaça e 2 de vandalismo contra empresas jornalísticas.
No dia 18 de janeiro, Jefferson Pureza Lopes, radialista e apresentador do programa "Voz do Povo", da Rádio Beira Rio FM, de Edealina, no estado de Goiás, foi assassinado a tiros em sua casa. Lopes costumava denunciar irregularidades na cidade e há anos sofria ameaças de morte. Antes de ser assassinado, ele teve sua casa e a sede da rádio incendiadas.
No dia 16 de janeiro, Ueliton Bayer Brizon, editor e proprietário do site Jornal de Rondônia, em Cacoal, no estado de Rondônia, foi assassinato a tiros quando trafegava de motocicleta por uma rua da cidade. Brizon denunciava em seu site crimes de políticos locais. Brizon publicava em seu site notícias sobre política local, era também presidente municipal do partido PHS e suplente de vereador.
A redução do número de registros de violência não letal – de 172 casos em 2016 para 82 em 2017 - está diretamente relacionada à diminuição do número de protestos populares, que geralmente vêm acompanhados pela violência policial e de manifestantes, mas não à compreensão da sociedade e dos agentes públicos sobre a importância do trabalho da imprensa. Infelizmente, persiste a intolerância em relação à atividade jornalística, com as ofensas e intimidações – que deixam de ser apenas presenciais e passam a ser também virtuais – assumindo um novo perfil e colocando em risco a atividade dos profissionais de imprensa. Como ressalta a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), "políticos e movimentos autointitulados apartidários usam redes sociais para pregar o ódio contra repórteres a milhões de seguidores".
Merecem também ser registrados os processos judiciais acatados pelo Poder Judiciário contra profissionais e veículos de comunicação, com destaque para as ações coordenadas que ganham contornos de assédio judicial. Num dos casos ocorridos nos últimos 6 meses, a TV Pampa, no estado do Rio Grande do Sul, foi condenada, sem apresentação de defesa, a pagar um alto valor a cada um dos 40 autores de uma ação, pela opinião de um entrevistado em programa ao vivo.
Recorrer à justiça é um direito de todos, mas as iniciativas alinhadas e conjuntas, com o intuito de gerar uma enxurrada de processos judiciais, demonstram evidente intenção de intimidar a atividade jornalística.
Em 2017, a Comissão sobre Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão, vinculada ao Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) do então Ministério da Cidadania criou um Grupo de Trabalho (GT) para discutir como poderia ser implementado o Observatório de Violência contra Comunicadores proposto desde 2013/2014. O GT inclui entidades como Artigo 19, Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Federação Nacional de Jornalistas (FENAJ) e Repórteres Sem Fronteiras. Esse grupo propôs elaborar um modelo de Plano Operacional Padrão sobre atuação da polícia em casos de violência contra comunicadores. Nem o Observatório, nem o protocolo para operações policiais foram ainda implementados.
Outros casos:
Em fevereiro de 2018 a jornalista baiana Maíra Azevedo recebeu ameaças depois de expor um comentário racista feito em seu Instagram. A jornalista apresentou queixa à promotoria de Justiça de Combate ao Racismo do Ministério Público da Bahia.
Em fevereiro de 2018 o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, declarou em evento público que a censura a publicações seria aceitável "em casos [de abusos da imprensa]", o que abre precedentes para a restrição à liberdade de informação. É importante lembrar que, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130 e declarar a Lei de Imprensa inconstitucional, o STF -- então presidido por Mendes -- reiterou o Art. 220 da Constituição, segundo o qual "a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição".
Em 15 de fevereiro de 2018 a sede da TV Bandeirantes em Curitiba, no Estado do Paraná, foi alvo de um ataque com coquetel molotov e que um agente de segurança sofreu ferimentos leves.
Em 16 de fevereiro de 2018 o jornalista Iury Carvalho foi agredido e ameaçado de morte por policiais militares, após flagrar os agentes utilizando um carro oficial para uso pessoal no município de Rorainópolis, no Estado de Roraima.
Em 19 de fevereiro de 2018, Renato Oliveira foi exonerado do cargo de subsecretário de Comunicação de Embu das Artes, em São Paulo, por envolvimento em um atentado contra a vida do jornalista Gabriel Binho.
Em 20 de fevereiro de 2018 a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados emitiu um ofício ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas, Paulo Cerqueira, denunciandomensagens de cunho ofensivo enviadas pelo prefeito Adelmo Calheiros, do município de Capela, à jornalista Thayanne Magalhães, após a repórter ter publicado reportagem sobre o atraso do ano letivo na cidade.
Em março de 2018 um grupo de jornalistas mulheres que trabalham na cobertura esportiva lançou a campanha #DeixaElaTrabalhar para denunciar e combater agressões e preconceitos sofridos nos estádios e no ambiente de trabalho, tendo em vista que: a repórter Kelly Costa, da RBS TV, foi agredida verbalmente em 25 de março de 2018 por um torcedor que assistia à partida entre Brasil de Pelotas e São José, pelo Campeonato Gaúcho, no estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A repórter da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS), Renata de Medeiros, foi ofendida por um torcedor colorado, no estádio Beira-Rio, durante o Grenal, em 11 de março de 2018. A jornalista Bruna Dealtry, do canal Esporte Interativo, sofreu assédio sexual em 13 de março de 2018, quando um torcedor do Vasco do Gama tentou beijá-la à força numa transmissão ao vivo, no Rio de Janeiro.
Em 10 de março de 2018 a repórter do Jornal Midiamax Mariana Rodrigues foi agredida pelo ex-deputado federal e ex-secretário estadual de Obras, Edson Giroto, em frente à sede da Polícia Federal (PF), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando Giroto chegava à superintendência da PF para se apresentar sob a acusação de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.
Em 23 de março de 2018 o jornalista Efrém Ribeiro, do Sistema Meio Norte de Comunicação, no Estado do Piauí, relatou ter sido agredido pelo deputado federal Silas Freire, do partido Podemos, dentro da emissora de TV onde os dois trabalham, em Teresina, capital do Estado; que Freire é integrante da chamada "bancada da bala" na Câmara dos Deputados e apresentador do programa policial Ronda Nacional.
Em 26 de março de 2018 um homem disparou pelo menos quatro vezes contra a sede do Jornal dos Bairros do Litoral, em Paranaguá, no Estado do Paraná. O jornal publica notícias sobre a vida política da localidade. Gilberto Fernandes, diretor da redação, recebeu recentemente ameaças por telefone.
Atos de agressão contra jornalistas e meios de comunicação ocorreram em 5 de abril em Brasília e em São Paulo e relacionados à cobertura dos eventos após a decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Em um pronunciamento conjunto pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER), condenaram a violência e os atos que violam a liberdade de imprensa e os direitos dos cidadãos brasileiros a receber informações.
Entre outros atos de violência, uma equipe de jornalistas sofreu agressões em Brasília. A equipe do Correio Braziliense era formada por uma repórter, uma fotógrafa e o motorista, que foram cercados por 30 manifestantes. Um fotógrafo da agência Reuters e uma equipe do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) também foram ameaçados. Em São Bernardo do Campo, em São Paulo, o fotógrafo Nilton Fukuda, de O Estado de S. Paulo, foi agredido com ovos por simpatizantes do ex-presidente.
A Associação Nacional de Jornais (ANJ), em acompanhamento conjunto com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), também registrou nesse período, 25 casos de agressão, 7 de ameaça e 2 de vandalismo contra empresas jornalísticas.
No dia 18 de janeiro, Jefferson Pureza Lopes, radialista e apresentador do programa "Voz do Povo", da Rádio Beira Rio FM, de Edealina, no estado de Goiás, foi assassinado a tiros em sua casa. Lopes costumava denunciar irregularidades na cidade e há anos sofria ameaças de morte. Antes de ser assassinado, ele teve sua casa e a sede da rádio incendiadas.
No dia 16 de janeiro, Ueliton Bayer Brizon, editor e proprietário do site Jornal de Rondônia, em Cacoal, no estado de Rondônia, foi assassinato a tiros quando trafegava de motocicleta por uma rua da cidade. Brizon denunciava em seu site crimes de políticos locais. Brizon publicava em seu site notícias sobre política local, era também presidente municipal do partido PHS e suplente de vereador.
A redução do número de registros de violência não letal – de 172 casos em 2016 para 82 em 2017 - está diretamente relacionada à diminuição do número de protestos populares, que geralmente vêm acompanhados pela violência policial e de manifestantes, mas não à compreensão da sociedade e dos agentes públicos sobre a importância do trabalho da imprensa. Infelizmente, persiste a intolerância em relação à atividade jornalística, com as ofensas e intimidações – que deixam de ser apenas presenciais e passam a ser também virtuais – assumindo um novo perfil e colocando em risco a atividade dos profissionais de imprensa. Como ressalta a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), "políticos e movimentos autointitulados apartidários usam redes sociais para pregar o ódio contra repórteres a milhões de seguidores".
Merecem também ser registrados os processos judiciais acatados pelo Poder Judiciário contra profissionais e veículos de comunicação, com destaque para as ações coordenadas que ganham contornos de assédio judicial. Num dos casos ocorridos nos últimos 6 meses, a TV Pampa, no estado do Rio Grande do Sul, foi condenada, sem apresentação de defesa, a pagar um alto valor a cada um dos 40 autores de uma ação, pela opinião de um entrevistado em programa ao vivo.
Recorrer à justiça é um direito de todos, mas as iniciativas alinhadas e conjuntas, com o intuito de gerar uma enxurrada de processos judiciais, demonstram evidente intenção de intimidar a atividade jornalística.
Em 2017, a Comissão sobre Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão, vinculada ao Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) do então Ministério da Cidadania criou um Grupo de Trabalho (GT) para discutir como poderia ser implementado o Observatório de Violência contra Comunicadores proposto desde 2013/2014. O GT inclui entidades como Artigo 19, Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Federação Nacional de Jornalistas (FENAJ) e Repórteres Sem Fronteiras. Esse grupo propôs elaborar um modelo de Plano Operacional Padrão sobre atuação da polícia em casos de violência contra comunicadores. Nem o Observatório, nem o protocolo para operações policiais foram ainda implementados.
Outros casos:
Em fevereiro de 2018 a jornalista baiana Maíra Azevedo recebeu ameaças depois de expor um comentário racista feito em seu Instagram. A jornalista apresentou queixa à promotoria de Justiça de Combate ao Racismo do Ministério Público da Bahia.
Em fevereiro de 2018 o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, declarou em evento público que a censura a publicações seria aceitável "em casos [de abusos da imprensa]", o que abre precedentes para a restrição à liberdade de informação. É importante lembrar que, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130 e declarar a Lei de Imprensa inconstitucional, o STF -- então presidido por Mendes -- reiterou o Art. 220 da Constituição, segundo o qual "a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição".
Em 15 de fevereiro de 2018 a sede da TV Bandeirantes em Curitiba, no Estado do Paraná, foi alvo de um ataque com coquetel molotov e que um agente de segurança sofreu ferimentos leves.
Em 16 de fevereiro de 2018 o jornalista Iury Carvalho foi agredido e ameaçado de morte por policiais militares, após flagrar os agentes utilizando um carro oficial para uso pessoal no município de Rorainópolis, no Estado de Roraima.
Em 19 de fevereiro de 2018, Renato Oliveira foi exonerado do cargo de subsecretário de Comunicação de Embu das Artes, em São Paulo, por envolvimento em um atentado contra a vida do jornalista Gabriel Binho.
Em 20 de fevereiro de 2018 a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados emitiu um ofício ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas, Paulo Cerqueira, denunciandomensagens de cunho ofensivo enviadas pelo prefeito Adelmo Calheiros, do município de Capela, à jornalista Thayanne Magalhães, após a repórter ter publicado reportagem sobre o atraso do ano letivo na cidade.
Em março de 2018 um grupo de jornalistas mulheres que trabalham na cobertura esportiva lançou a campanha #DeixaElaTrabalhar para denunciar e combater agressões e preconceitos sofridos nos estádios e no ambiente de trabalho, tendo em vista que: a repórter Kelly Costa, da RBS TV, foi agredida verbalmente em 25 de março de 2018 por um torcedor que assistia à partida entre Brasil de Pelotas e São José, pelo Campeonato Gaúcho, no estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A repórter da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS), Renata de Medeiros, foi ofendida por um torcedor colorado, no estádio Beira-Rio, durante o Grenal, em 11 de março de 2018. A jornalista Bruna Dealtry, do canal Esporte Interativo, sofreu assédio sexual em 13 de março de 2018, quando um torcedor do Vasco do Gama tentou beijá-la à força numa transmissão ao vivo, no Rio de Janeiro.
Em 10 de março de 2018 a repórter do Jornal Midiamax Mariana Rodrigues foi agredida pelo ex-deputado federal e ex-secretário estadual de Obras, Edson Giroto, em frente à sede da Polícia Federal (PF), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando Giroto chegava à superintendência da PF para se apresentar sob a acusação de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.
Em 23 de março de 2018 o jornalista Efrém Ribeiro, do Sistema Meio Norte de Comunicação, no Estado do Piauí, relatou ter sido agredido pelo deputado federal Silas Freire, do partido Podemos, dentro da emissora de TV onde os dois trabalham, em Teresina, capital do Estado; que Freire é integrante da chamada "bancada da bala" na Câmara dos Deputados e apresentador do programa policial Ronda Nacional.
Em 26 de março de 2018 um homem disparou pelo menos quatro vezes contra a sede do Jornal dos Bairros do Litoral, em Paranaguá, no Estado do Paraná. O jornal publica notícias sobre a vida política da localidade. Gilberto Fernandes, diretor da redação, recebeu recentemente ameaças por telefone.
Atos de agressão contra jornalistas e meios de comunicação ocorreram em 5 de abril em Brasília e em São Paulo e relacionados à cobertura dos eventos após a decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Em um pronunciamento conjunto pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER), condenaram a violência e os atos que violam a liberdade de imprensa e os direitos dos cidadãos brasileiros a receber informações.
Entre outros atos de violência, uma equipe de jornalistas sofreu agressões em Brasília. A equipe do Correio Braziliense era formada por uma repórter, uma fotógrafa e o motorista, que foram cercados por 30 manifestantes. Um fotógrafo da agência Reuters e uma equipe do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) também foram ameaçados. Em São Bernardo do Campo, em São Paulo, o fotógrafo Nilton Fukuda, de O Estado de S. Paulo, foi agredido com ovos por simpatizantes do ex-presidente.
Corte interamericana de Direitos Humanos condena Brasil por assassinato de Vladimir Herzog
A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) condenou ontem o estado brasileiro pela morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, durante a ditadura militar no Brasil. É a primeira vez que a CIDH reconhece um assassinato cometido durante a ditadura do Brasil como um crime contra a humanidade. A Corte já tinha emitido decisões semelhantes para casos de outros países da América Latina e condenado o Brasil em 2010 por não ter investigado os desaparecimentos ocorridos na Guerrilha do Araguaia.
A CIDH considerou na sentença que o estado é responsável pela "falta de investigação, de julgamento e de punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato do jornalista". O tribunal concluiu ainda que "o Estado não pode invocar a existência da figura da prescrição (...) ou a lei de anistia ou qualquer outra disposição semelhante ou excludente de responsabilidade para escusar-se de seu dever de investigar e punir os responsáveis".
Na sentença do caso Herzog, ficou estabelecido que daqui um ano o governo brasileiro deverá apresentar um relatório mostrando o que fez para reabrir as investigações contra os responsáveis pela morte e também como procedeu para pagar uma indenização de cerca de U$ 240 mil devido aos danos morais e materiais sofridos pela família com o assassinato do jornalista.
— Há 43 anos atrás eu perdi meu pai. Assassinato violentamente. Uma pessoa de paz, que gostava de pescar, fotografar a família, de astronomia. Eu tinha 9 anos, meu irmão 7 e minha mãe 34. Ele morreu por desejar que todos tivessem o direito à livre manifestação em um Estado democrático — escreveu Ivo Herzog, em sua página no Facebook. — Ficaram 43 anos de luta para que provássemos que ele foi barbaramente torturado e assassinado. Ficou a luta, capitaneada por Clarice Herzog, pela verdade e pela Justiça. Não encontramos esta resposta no país que meu pai adotou como pátria. Tivemos que buscar nas Cortes Internacionais. Finalmente, hoje, saiu a sentença tão aguardada — completou, ele.
Herzog nasceu na antiga Iugoslávia, em Osijek, hoje a quarta maior cidade da Croácia, mas devido a perseguição nazista a família veio para o Brasil. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura quando foi ao Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) para prestar um depoimento em 25 de outubro de 1975. Naquele dia, foi submetido a um interrogatório sob tortura e morreu devido à violência sofrida.
À época do crime, os militares afirmaram que Herzog tinha cometido suicídio dentro da prisão. Com uma tira de pano, os agentes amarraram o corpo pelo pescoço à grade de uma janela e chamaram um perito do Instituto Médico Legal paulista para fotografar a cena forjada de que Vlado, como era conhecido, tinha dado fim à própria vida. Para tentar comprovar sua versão, o governo militar divulgou a foto do corpo pendurado, em que se vê os pés do jornalista apoiados no chão, evidenciando a farsa.
Depois da morte, a Justiça Militar realizou uma investigação na qual sustentou a versão do suicídio. No entanto, em 1978, em uma ação cível, a família conseguiu o reconhecimento da responsabilidade do estado pela morte do jornalista, mas os militares que cometeram o assassinato nunca foram punidos.
Em 1992, as autoridades brasileiras iniciaram uma nova investigação, mas esta foi arquivada com base à interpretação vigente da Lei de Anistia. Anos depois, em 2009, o Ministério Público Federal tentou outra vez reabrir o caso, mas a juíza Paula Mantovani Avelino, titular à época da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, julgou que o caso estava prescrito.
A sentença da CIDH determina que o Brasil reabra as investigações e o processo penal "para identificar, processar e, caso seja pertinente, punir os responsáveis pela tortura e morte de Vladimir Herzog, em atenção ao caráter de crime contra a humanidade desses fatos e às respectivas consequências jurídicas para o Direito Internacional".
Só em 2012, a Justiça de São Paulo determinou a retificação do atestado de óbito do jornalista. Com a decisão, o motivo da morte de Herzog foi modificado de "asfixia mecânica" para "morte que decorreu de lesões e maus-tratos sofridos na dependência do II Exército de São Paulo (DOI-CODI)". A mudança foi feita após pedido da Comissão da Verdade, por solicitação da família do jornalista.
— Essas decisões são meios para alcançar novos patamares na nossa democracia — afirmou Beatriz Affonso, diretora do Centro de Justiça e Direito Internacional (Cejil) para o Brasil, que ajudou a família a apresentar o caso na CIDH.
O Ministério das Relações Exteriores informou, por nota, que encaminhará à CIDH, dentro do prazo estipulado de um ano, um relatório sobre as medidas implementadas para apurar a morte do jornalista. "O Brasil reconhece a jurisdição da Corte e examinará a sentença e as reparações ditadas", diz a nota.
A CIDH considerou na sentença que o estado é responsável pela "falta de investigação, de julgamento e de punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato do jornalista". O tribunal concluiu ainda que "o Estado não pode invocar a existência da figura da prescrição (...) ou a lei de anistia ou qualquer outra disposição semelhante ou excludente de responsabilidade para escusar-se de seu dever de investigar e punir os responsáveis".
Na sentença do caso Herzog, ficou estabelecido que daqui um ano o governo brasileiro deverá apresentar um relatório mostrando o que fez para reabrir as investigações contra os responsáveis pela morte e também como procedeu para pagar uma indenização de cerca de U$ 240 mil devido aos danos morais e materiais sofridos pela família com o assassinato do jornalista.
— Há 43 anos atrás eu perdi meu pai. Assassinato violentamente. Uma pessoa de paz, que gostava de pescar, fotografar a família, de astronomia. Eu tinha 9 anos, meu irmão 7 e minha mãe 34. Ele morreu por desejar que todos tivessem o direito à livre manifestação em um Estado democrático — escreveu Ivo Herzog, em sua página no Facebook. — Ficaram 43 anos de luta para que provássemos que ele foi barbaramente torturado e assassinado. Ficou a luta, capitaneada por Clarice Herzog, pela verdade e pela Justiça. Não encontramos esta resposta no país que meu pai adotou como pátria. Tivemos que buscar nas Cortes Internacionais. Finalmente, hoje, saiu a sentença tão aguardada — completou, ele.
Herzog nasceu na antiga Iugoslávia, em Osijek, hoje a quarta maior cidade da Croácia, mas devido a perseguição nazista a família veio para o Brasil. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura quando foi ao Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) para prestar um depoimento em 25 de outubro de 1975. Naquele dia, foi submetido a um interrogatório sob tortura e morreu devido à violência sofrida.
À época do crime, os militares afirmaram que Herzog tinha cometido suicídio dentro da prisão. Com uma tira de pano, os agentes amarraram o corpo pelo pescoço à grade de uma janela e chamaram um perito do Instituto Médico Legal paulista para fotografar a cena forjada de que Vlado, como era conhecido, tinha dado fim à própria vida. Para tentar comprovar sua versão, o governo militar divulgou a foto do corpo pendurado, em que se vê os pés do jornalista apoiados no chão, evidenciando a farsa.
Depois da morte, a Justiça Militar realizou uma investigação na qual sustentou a versão do suicídio. No entanto, em 1978, em uma ação cível, a família conseguiu o reconhecimento da responsabilidade do estado pela morte do jornalista, mas os militares que cometeram o assassinato nunca foram punidos.
Em 1992, as autoridades brasileiras iniciaram uma nova investigação, mas esta foi arquivada com base à interpretação vigente da Lei de Anistia. Anos depois, em 2009, o Ministério Público Federal tentou outra vez reabrir o caso, mas a juíza Paula Mantovani Avelino, titular à época da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, julgou que o caso estava prescrito.
A sentença da CIDH determina que o Brasil reabra as investigações e o processo penal "para identificar, processar e, caso seja pertinente, punir os responsáveis pela tortura e morte de Vladimir Herzog, em atenção ao caráter de crime contra a humanidade desses fatos e às respectivas consequências jurídicas para o Direito Internacional".
Só em 2012, a Justiça de São Paulo determinou a retificação do atestado de óbito do jornalista. Com a decisão, o motivo da morte de Herzog foi modificado de "asfixia mecânica" para "morte que decorreu de lesões e maus-tratos sofridos na dependência do II Exército de São Paulo (DOI-CODI)". A mudança foi feita após pedido da Comissão da Verdade, por solicitação da família do jornalista.
— Essas decisões são meios para alcançar novos patamares na nossa democracia — afirmou Beatriz Affonso, diretora do Centro de Justiça e Direito Internacional (Cejil) para o Brasil, que ajudou a família a apresentar o caso na CIDH.
O Ministério das Relações Exteriores informou, por nota, que encaminhará à CIDH, dentro do prazo estipulado de um ano, um relatório sobre as medidas implementadas para apurar a morte do jornalista. "O Brasil reconhece a jurisdição da Corte e examinará a sentença e as reparações ditadas", diz a nota.
DEUTSCHLAND Solidarität mit Netzaktivisten
Reporter ohne Grenzen (ROG) kritisiert das Vorgehen der bayerischen Strafverfolgungsbehörden gegen Netzaktivisten aufs Schärfste. Auf Betreiben der Generalstaatsanwaltschaft München haben Polizisten am 20. Juni die Räume des Vereins Zwiebelfreunde und die Wohnungen der Vorstandsmitglieder in mehreren deutschen Städten durchsucht. Dabei wurden unter anderem mehrere Rechner, Festplatten und Handys beschlagnahmt, aber auch Spenderdaten. Die von den Durchsuchungen Betroffenen gelten als Zeugen in Ermittlungen gegen unbekannte Autoren eines Blogs, auf dem zu gewalttätigen Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag vergangenes Wochenende aufgerufen worden sein soll. Die Ermittler stützen sich alleine auf die Tatsache, dass die Autoren dafür eine E-Mail-Adresse des E-Mail-Anbieters Riseup genutzt haben, und die Zwiebelfreunde für diesen Anbieter Spenden sammeln.
„Das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden ist absolut unverhältnismäßig und auch als Angriff gegen Anonymität im Internet anzusehen“, sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. „Das Vorgehen schüchtert Netzaktivisten, aber auch Journalisten ein, die sich für sichere Kommunikation im Internet einsetzen. Die Behörden müssen alle beschlagnahmten Geräte und Dokumente sofort zurückgeben und die Hintergründe ihres Vorgehens erklären.“
Der E-Mail-Anbieter Riseup hat seinen Hauptsitz in den USA und setzt sich für sichere Kommunikation im Netz ein. Er wird von Aktivisten und Bürgerjournalisten weltweit genutzt. Er wird überall auf der Welt weiterentwickelt und finanziert sich durch Spenden. Auch die Zwiebelfreunde sammelten Spenden für Riseup, was offenbar ausreichte, um die Hausdurchsuchungen zu genehmigen. Der Logik der Strafermittler nach könnten Spenderdaten Hinweise darauf geben, wer die besagte E-Mail-Adresse angelegt habe, auch wenn die Nutzung von Riseup gar keine Spende voraussetzt und auf der ganzen Welt für den E-Mail-Dienst gespendet wird.
ROG hält diese Begründung für konstruiert. Gegen die Beschlagnahmungen haben die Zwiebelfreunde inzwischen Beschwerde beim Amtsgericht München eingelegt. Bis heute haben die Betroffenen, die alle im Bereich der IT-Sicherheit arbeiten, ihre Geräte und Speichermedien nicht zurückerhalten. Dabei gelten sie nicht als Beschuldigte, sondern als Zeugen im Ermittlungsverfahren.
Der Dresdner Verein Zwiebelfreunde betreibt Tor-Knotenpunkte unter anderem für Reporter ohne Grenzen und ist damit ein wichtiger strategischer Partner der Organisation. ROG hat im vergangenen Jahr seine Tor-Aktivitäten ausgebaut und den seit 2013 betriebenen Tor-Knotenpunkt um einen zweiten erweitert. Das Anonymisierungsnetzwerk Tor – kurz für „The Onion Routing“ – schützt Internetnutzer, indem es ihren Datenverkehr anonymisiert und so verhindert, dass er von Unbefugten mitgelesen und analysiert wird. Das Tor-Netzwerk hilft damit Journalisten und Bloggern weltweit, ihre Recherchen und Quellen auch unter schwierigen Bedingungen zu schützen und ihr Recht auf Informationsfreiheit wahrzunehmen.
„Das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden ist absolut unverhältnismäßig und auch als Angriff gegen Anonymität im Internet anzusehen“, sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. „Das Vorgehen schüchtert Netzaktivisten, aber auch Journalisten ein, die sich für sichere Kommunikation im Internet einsetzen. Die Behörden müssen alle beschlagnahmten Geräte und Dokumente sofort zurückgeben und die Hintergründe ihres Vorgehens erklären.“
Der E-Mail-Anbieter Riseup hat seinen Hauptsitz in den USA und setzt sich für sichere Kommunikation im Netz ein. Er wird von Aktivisten und Bürgerjournalisten weltweit genutzt. Er wird überall auf der Welt weiterentwickelt und finanziert sich durch Spenden. Auch die Zwiebelfreunde sammelten Spenden für Riseup, was offenbar ausreichte, um die Hausdurchsuchungen zu genehmigen. Der Logik der Strafermittler nach könnten Spenderdaten Hinweise darauf geben, wer die besagte E-Mail-Adresse angelegt habe, auch wenn die Nutzung von Riseup gar keine Spende voraussetzt und auf der ganzen Welt für den E-Mail-Dienst gespendet wird.
ROG hält diese Begründung für konstruiert. Gegen die Beschlagnahmungen haben die Zwiebelfreunde inzwischen Beschwerde beim Amtsgericht München eingelegt. Bis heute haben die Betroffenen, die alle im Bereich der IT-Sicherheit arbeiten, ihre Geräte und Speichermedien nicht zurückerhalten. Dabei gelten sie nicht als Beschuldigte, sondern als Zeugen im Ermittlungsverfahren.
Der Dresdner Verein Zwiebelfreunde betreibt Tor-Knotenpunkte unter anderem für Reporter ohne Grenzen und ist damit ein wichtiger strategischer Partner der Organisation. ROG hat im vergangenen Jahr seine Tor-Aktivitäten ausgebaut und den seit 2013 betriebenen Tor-Knotenpunkt um einen zweiten erweitert. Das Anonymisierungsnetzwerk Tor – kurz für „The Onion Routing“ – schützt Internetnutzer, indem es ihren Datenverkehr anonymisiert und so verhindert, dass er von Unbefugten mitgelesen und analysiert wird. Das Tor-Netzwerk hilft damit Journalisten und Bloggern weltweit, ihre Recherchen und Quellen auch unter schwierigen Bedingungen zu schützen und ihr Recht auf Informationsfreiheit wahrzunehmen.
Corte IDH condena a Brasil por el asesinato de un periodista
En la Sentencia notificada el día de hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos ("Corte IDH" o "Corte") encontró al Estado de Brasil responsable por la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la tortura y asesinato del periodista Vladimir Herzog, así como por la aplicación de la Ley No. 6.683/79 ("Ley de Amnistía"). La Corte IDH también consideró responsable al Estado por la violación al derecho a conocer la verdad y a la integridad personal en perjuicio de los familiares de Vladimir Herzog.
El 25 de octubre de 1975 el señor Herzog fue privado de su libertad, interrogado, torturado y finalmente asesinado en un contexto sistemático y generalizado de ataques contra la población civil considerada como "opositora" a la dictadura brasileña, y, en particular, contra periodistas y miembros del Partido Comunista Brasileño. Ese mismo día el Comando del II Ejército divulgó la versión oficial de los hechos, afirmando que Vladimir Herzog se había suicidado. En 1975 la jurisdicción militar realizó una averiguación que confirmó la versión del suicidio. Posteriormente, las autoridades brasileñas iniciaron una nueva investigación en 1992, la cual fue archivada en aplicación de la citada Ley de Amnistía.
En el año 2007, y a raíz de la publicación del Informe oficial de la "Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos", una nueva solicitud de investigación fue presentada ante el Ministerio Público Federal. Dicha solicitud fue archivada judicialmente el 9 de enero de 2009 sobre la base de (i) la existencia de cosa
juzgada material en razón de la decisión de 1992, la cual fuera emitida con base en la ley de amnistía, (ii) la inexistencia del tipo penal de crímenes de lesa humanidad en la legislación brasileña en el momento en que ocurrieron los hechos, y (iii) la prescripción de la acción penal en relación con los tipos penales que consideraba aplicables.
En el marco del procedimiento ante la Corte, Brasil reconoció que la conducta estatal de prisión arbitraria, tortura y muerte de Vladimir Herzog le había causado a los familiares un severo dolor, reconociendo su responsabilidad por la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana.
En su Sentencia, la Corte IDH determinó que los hechos acaecidos contra Vladimir Herzog deben ser considerados como un crimen de lesa humanidad, tal y como es definido por el derecho internacional. En vista de lo anterior, la Corte concluyó que el Estado no podía invocar ni la existencia de la figura de la prescripción, ni la aplicación del principio ne bis in ídem, de la ley de amnistía, o de cualquier otra disposición análoga o excluyente similar de responsabilidad para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables.
La Corte Interamericana concluyó que, debido a la la falta de investigación, así como de juzgamiento y sanción de los responsables de la tortura y asesinato de Vladimir Herzog cometidos en un contexto sistemático y generalizado de ataques a la población civil, Brasil violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de Zora, Clarice, André e Ivo Herzog, establecidos en los
artículos 8 y 25 de la Covención Americana, en relación con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, la Corte concluyó que Brasil incumplió su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención en virtud de la aplicación de la Ley de Amnistía y de otras eximentes de
responsabilidad prohibidas por el derecho internacional, incumpliendo así en artículo 2 de la Convención Americana.
Por otra parte, la Corte IDH concluyó que, a pesar de que Brasil había emprendido diversos esfuerzos para satisfacer el derecho a la verdad de la familia del señor Herzog y de la sociedad en general, la falta de un esclarecimiento judicial, la ausencia de sanciones individuales en relación con la tortura y asesinato de Vladimir Herzog, y la negativa de presentar información y de dar acceso a los archivos militares de la época de los hechos, violentó el derecho a conocer la verdad en perjuicio de Zora, Clarice, André e Ivo Herzog, establecido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
En virtud de estas violaciones de derechos humanos la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre las que destacan aquellas destinadas a reiniciar, con la debida diligencia, la investigación y proceso penal que corresponda por los hechos ocurridos el 25 de octubre de 1975 para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables por la tortura y asesinato de Vladimir Herzog, así como a adoptar las medidas más idóneas conforme a sus instituciones, para que se reconozca, sin excepción, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes internacionales.
El 25 de octubre de 1975 el señor Herzog fue privado de su libertad, interrogado, torturado y finalmente asesinado en un contexto sistemático y generalizado de ataques contra la población civil considerada como "opositora" a la dictadura brasileña, y, en particular, contra periodistas y miembros del Partido Comunista Brasileño. Ese mismo día el Comando del II Ejército divulgó la versión oficial de los hechos, afirmando que Vladimir Herzog se había suicidado. En 1975 la jurisdicción militar realizó una averiguación que confirmó la versión del suicidio. Posteriormente, las autoridades brasileñas iniciaron una nueva investigación en 1992, la cual fue archivada en aplicación de la citada Ley de Amnistía.
En el año 2007, y a raíz de la publicación del Informe oficial de la "Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos", una nueva solicitud de investigación fue presentada ante el Ministerio Público Federal. Dicha solicitud fue archivada judicialmente el 9 de enero de 2009 sobre la base de (i) la existencia de cosa
juzgada material en razón de la decisión de 1992, la cual fuera emitida con base en la ley de amnistía, (ii) la inexistencia del tipo penal de crímenes de lesa humanidad en la legislación brasileña en el momento en que ocurrieron los hechos, y (iii) la prescripción de la acción penal en relación con los tipos penales que consideraba aplicables.
En el marco del procedimiento ante la Corte, Brasil reconoció que la conducta estatal de prisión arbitraria, tortura y muerte de Vladimir Herzog le había causado a los familiares un severo dolor, reconociendo su responsabilidad por la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana.
En su Sentencia, la Corte IDH determinó que los hechos acaecidos contra Vladimir Herzog deben ser considerados como un crimen de lesa humanidad, tal y como es definido por el derecho internacional. En vista de lo anterior, la Corte concluyó que el Estado no podía invocar ni la existencia de la figura de la prescripción, ni la aplicación del principio ne bis in ídem, de la ley de amnistía, o de cualquier otra disposición análoga o excluyente similar de responsabilidad para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables.
La Corte Interamericana concluyó que, debido a la la falta de investigación, así como de juzgamiento y sanción de los responsables de la tortura y asesinato de Vladimir Herzog cometidos en un contexto sistemático y generalizado de ataques a la población civil, Brasil violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de Zora, Clarice, André e Ivo Herzog, establecidos en los
artículos 8 y 25 de la Covención Americana, en relación con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, la Corte concluyó que Brasil incumplió su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención en virtud de la aplicación de la Ley de Amnistía y de otras eximentes de
responsabilidad prohibidas por el derecho internacional, incumpliendo así en artículo 2 de la Convención Americana.
Por otra parte, la Corte IDH concluyó que, a pesar de que Brasil había emprendido diversos esfuerzos para satisfacer el derecho a la verdad de la familia del señor Herzog y de la sociedad en general, la falta de un esclarecimiento judicial, la ausencia de sanciones individuales en relación con la tortura y asesinato de Vladimir Herzog, y la negativa de presentar información y de dar acceso a los archivos militares de la época de los hechos, violentó el derecho a conocer la verdad en perjuicio de Zora, Clarice, André e Ivo Herzog, establecido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
En virtud de estas violaciones de derechos humanos la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre las que destacan aquellas destinadas a reiniciar, con la debida diligencia, la investigación y proceso penal que corresponda por los hechos ocurridos el 25 de octubre de 1975 para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables por la tortura y asesinato de Vladimir Herzog, así como a adoptar las medidas más idóneas conforme a sus instituciones, para que se reconozca, sin excepción, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes internacionales.
Acoso a periodistas de IDL-Reporteros es un grave atentado a libertad de prensa
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechaza la ilegal intervención del Ministerio Público que esta mañana ingresó a la sede de IDL-Reporteros en diligencia que consideramos constituye un acto de hostigamiento tras la reciente difusión de audios que comprometen a miembros del Poder Judicial (Callao) y Consejo Nacional de la Magistratura.
Para la ANP, una vez más, se ataca al mensajero olvidando que en nuestro país el derecho constitucional a la reserva de las fuentes es sostén del ejercicio periodístico.
Llama la atención esta diligencia que no constituye en sí un acto de torpeza sino un grave atentado a la libertad de prensa. Resulta cuando menos extraño que con sorprendente celeridad el Ministerio Público -cuyo deber es defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos- lleve adelante la incautación de material periodístico a sabiendas de lo que lo que el marco legal prescribe sobre ello, siendo delito toda acción que impide circular libremente un órgano de expresión.
La ANP expresa su solidaridad y respaldo al equipo periodístico que dirige Gustavo Gorriti y que tiene como objetivo fundamental revelar todos aquellos asuntos de interés público que de alguna manera puedan afectar la salud moral del país.
El gremio, a nivel nacional, se mantiene vigilante ante esta nueva arremetida contra el periodismo de investigación, embestida impropia de un régimen democrático y que recuerda los peores momentos de la autocracia.
Claro está, para la ANP, que cuando se ataca a medios y periodistas, lo que se pretende es afectar garantías democráticas, más en un país donde los medios se convierten en el principal instrumento de denuncia de la corrupción.
Lima, 10 de julio del 2018
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Para la ANP, una vez más, se ataca al mensajero olvidando que en nuestro país el derecho constitucional a la reserva de las fuentes es sostén del ejercicio periodístico.
Llama la atención esta diligencia que no constituye en sí un acto de torpeza sino un grave atentado a la libertad de prensa. Resulta cuando menos extraño que con sorprendente celeridad el Ministerio Público -cuyo deber es defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos- lleve adelante la incautación de material periodístico a sabiendas de lo que lo que el marco legal prescribe sobre ello, siendo delito toda acción que impide circular libremente un órgano de expresión.
La ANP expresa su solidaridad y respaldo al equipo periodístico que dirige Gustavo Gorriti y que tiene como objetivo fundamental revelar todos aquellos asuntos de interés público que de alguna manera puedan afectar la salud moral del país.
El gremio, a nivel nacional, se mantiene vigilante ante esta nueva arremetida contra el periodismo de investigación, embestida impropia de un régimen democrático y que recuerda los peores momentos de la autocracia.
Claro está, para la ANP, que cuando se ataca a medios y periodistas, lo que se pretende es afectar garantías democráticas, más en un país donde los medios se convierten en el principal instrumento de denuncia de la corrupción.
Lima, 10 de julio del 2018
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
La SIP sorprendida ante retroceso de la libertad de prensa en Perú
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por acciones de la Fiscalía y el Congreso de Perú que obligan a periodistas a revelar sus fuentes periodísticas, lo que "representa un retroceso a la libertad de prensa en el país".
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso peruano citó al director del Instituto de Defensa Legal (IDL-Reporteros), Gustavo Gorriti y a la directora del programa televisivo de análisis "Panorama", Rossana Cueva Mejía, a una sesión extraordinaria el 12 de julio para "informar la forma y circunstancias" de cómo obtuvieron audios y documentos difundidos a principios de esta semana en los que se revelarían hechos de corrupción y de tráfico de influencias que involucran a miembros del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, expresó que "las acciones de la Fiscalía y el Congreso destinadas a requisar material recopilado como parte del trabajo periodístico y ordenar que se revelen las fuentes confidenciales de información, constituyen precedentes negativos para la investigación y la función fiscalizadora que le corresponde a la prensa en una democracia".
Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, agregó que "el uso de fuentes confidenciales constituye una herramienta esencial del buen periodismo y revelar las fuentes crea un efecto negativo en contra de quienes posean y quieren revelar información de interés público". Indicó que la SIP está considerando enviar una misión internacional a Perú ante los recientes incidentes legales y procedimientos administrativos que afectan la libertad de prensa.
La citación del Congreso, que también requirió la entrega de los materiales originales, estuvo precedida por la intervención el 10 de julio de un fiscal y cuatro policías en la sede del IDL-Reporteros para la incautación de información periodística. La Fiscalía Suprema de Control Interno exigió a los periodistas que revelen la fuente y entreguen el material de audio sin editar "en un plazo de tres días", de lo contrario podrían ser acusados por delito de desobediencia a la autoridad.
Rock resaltó que la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros documentos internacionales sobre libertad de expresión y de prensa, destacan que no se puede obligar a ningún periodista a revelar sus fuentes de información, o a entregar los apuntes y archivos personales y profesionales.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso peruano citó al director del Instituto de Defensa Legal (IDL-Reporteros), Gustavo Gorriti y a la directora del programa televisivo de análisis "Panorama", Rossana Cueva Mejía, a una sesión extraordinaria el 12 de julio para "informar la forma y circunstancias" de cómo obtuvieron audios y documentos difundidos a principios de esta semana en los que se revelarían hechos de corrupción y de tráfico de influencias que involucran a miembros del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, expresó que "las acciones de la Fiscalía y el Congreso destinadas a requisar material recopilado como parte del trabajo periodístico y ordenar que se revelen las fuentes confidenciales de información, constituyen precedentes negativos para la investigación y la función fiscalizadora que le corresponde a la prensa en una democracia".
Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, agregó que "el uso de fuentes confidenciales constituye una herramienta esencial del buen periodismo y revelar las fuentes crea un efecto negativo en contra de quienes posean y quieren revelar información de interés público". Indicó que la SIP está considerando enviar una misión internacional a Perú ante los recientes incidentes legales y procedimientos administrativos que afectan la libertad de prensa.
La citación del Congreso, que también requirió la entrega de los materiales originales, estuvo precedida por la intervención el 10 de julio de un fiscal y cuatro policías en la sede del IDL-Reporteros para la incautación de información periodística. La Fiscalía Suprema de Control Interno exigió a los periodistas que revelen la fuente y entreguen el material de audio sin editar "en un plazo de tres días", de lo contrario podrían ser acusados por delito de desobediencia a la autoridad.
Rock resaltó que la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros documentos internacionales sobre libertad de expresión y de prensa, destacan que no se puede obligar a ningún periodista a revelar sus fuentes de información, o a entregar los apuntes y archivos personales y profesionales.
La SIP condena amenazas contra periodistas colombianos
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las amenazas contra periodistas en Colombia e instó a las autoridades a identificar en sus investigaciones a los responsables del hostigamiento y a aplicar la ley con rigor.
Gustavo Mohme, presidente de la SIP y director del periódico peruano La República, expresó su respaldo a los periodistas hostigados y condenó "estos actos repugnantes que provienen de personas violentas e incapaces de argumentar de manera democrática sus diferencias, por lo que recurren a la intimidación y el terror con la intención de silenciar a la prensa".
El 16 de julio el equipo periodístico de RCN Radio, integrado por la directora Yolanda Ruiz y los periodistas Jorge Espinosa y Juan Pablo Latorre, recibió en la emisora una llamada intimidante de una persona que dijo pertenecer al ELN (Ejército de Liberación Nacional). El incidente ocurrió luego que la radio informara a su audiencia sobre amenazas contra las periodistas María Jimena Duzán, Jineth Bedoya y reporteros de la revista La Silla Vacía, recibidas días antes y por distintas vías.
El 14 de julio, mediante un panfleto atribuido al grupo paramilitar de ultraderecha Águilas Negras, Bedoya, editora del diario El Tiempo y los periodistas del portal La Silla Vacía, fueron declarados "objetivos militares inmediatos" y advertidos de que "no estamos jugando". Al día siguiente, Duzán, columnista de la revista Semana, fue amenazada a través de Twitter.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha venido alertando del aumento este año en el número de amenazas contra periodistas, 89 en comparación a 65 para esta fecha en 2017.
Roberto Rock, presidente de la SIP y director del portal La Silla Rota, de Ciudad de México, México, enfatizó en "la urgencia de fortalecer el mecanismo oficial para la prevención y seguridad de los periodistas" en Colombia, en referencia a críticas de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) "no ha sido lo suficientemente diligente" para brindar protección oportuna y ha reducido esquemas de seguridad asignados a periodistas en situación de riesgo. Entre esos casos, denunció la FLIP, están los de los reporteros Ricardo Ruidíaz (región del Magdalena Medio), Catalina Vásquez (Antioquia), Jhanuaria Gómez (Antioquia) y Laura Montoya (Putumayo), quienes han sido intimidados en diferentes circunstancias.
Otro incidente se registró el 14 de junio contra Juan José Hoyos, columnista y colaborador del diario El Colombiano de Medellín, cuya residencia fue asaltada por desconocidos que solo robaron su computadora, un disco duro, una cámara de video y una cámara fotográfica, no así los objetos de valor que había en la vivienda.
Gustavo Mohme, presidente de la SIP y director del periódico peruano La República, expresó su respaldo a los periodistas hostigados y condenó "estos actos repugnantes que provienen de personas violentas e incapaces de argumentar de manera democrática sus diferencias, por lo que recurren a la intimidación y el terror con la intención de silenciar a la prensa".
El 16 de julio el equipo periodístico de RCN Radio, integrado por la directora Yolanda Ruiz y los periodistas Jorge Espinosa y Juan Pablo Latorre, recibió en la emisora una llamada intimidante de una persona que dijo pertenecer al ELN (Ejército de Liberación Nacional). El incidente ocurrió luego que la radio informara a su audiencia sobre amenazas contra las periodistas María Jimena Duzán, Jineth Bedoya y reporteros de la revista La Silla Vacía, recibidas días antes y por distintas vías.
El 14 de julio, mediante un panfleto atribuido al grupo paramilitar de ultraderecha Águilas Negras, Bedoya, editora del diario El Tiempo y los periodistas del portal La Silla Vacía, fueron declarados "objetivos militares inmediatos" y advertidos de que "no estamos jugando". Al día siguiente, Duzán, columnista de la revista Semana, fue amenazada a través de Twitter.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha venido alertando del aumento este año en el número de amenazas contra periodistas, 89 en comparación a 65 para esta fecha en 2017.
Roberto Rock, presidente de la SIP y director del portal La Silla Rota, de Ciudad de México, México, enfatizó en "la urgencia de fortalecer el mecanismo oficial para la prevención y seguridad de los periodistas" en Colombia, en referencia a críticas de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) "no ha sido lo suficientemente diligente" para brindar protección oportuna y ha reducido esquemas de seguridad asignados a periodistas en situación de riesgo. Entre esos casos, denunció la FLIP, están los de los reporteros Ricardo Ruidíaz (región del Magdalena Medio), Catalina Vásquez (Antioquia), Jhanuaria Gómez (Antioquia) y Laura Montoya (Putumayo), quienes han sido intimidados en diferentes circunstancias.
Otro incidente se registró el 14 de junio contra Juan José Hoyos, columnista y colaborador del diario El Colombiano de Medellín, cuya residencia fue asaltada por desconocidos que solo robaron su computadora, un disco duro, una cámara de video y una cámara fotográfica, no así los objetos de valor que había en la vivienda.
GOLPE DE ESTADO O DERECHO DE INSURRECCIÓN
En la siguiente entrevista, Román Cendoya, consultor español, analiza lo que consideras un golpe de Estado en desarrollo. Asevera que se busca utilizar las denuncias sobre la corrupción en el sistema de justicia para adelantar las elecciones y convocar a una asamblea constituyente.
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