Si es de la mafia o parte de ella, también ellos cuentan con su propio "poder judicial", que condenarán a los periodistas a prisión, a millonarios pagos de reparaciones civiles y a otros castigos más. Si el periodista es de clase media, nada poderoso, utilizarán el sistema financiero para destruirlo. Convertir una deuda pactada y quererla cobrar de inmediato y pobre de él o de ella quien tenga alguito en el pasado. Será demolido sin piedad y con furia. Ahora, si acusas a la religión te freirás en el infierno, tengas o no razón. ¡Amén! te garantizo que así será.
Personalmente soy y he sido testigo y vivido estas injusticias por el batallar diario de mi profesión. Yo no tengo ninguna intención de defender lo indefendible y mucho menos ponerme al lado del delincuente. Sin embargo, este caso contra mi colega y buena persona y periodista Paola Ugaz también ha mojado (porque acá se mojan justos y pecadores, no es el caso) a Daniel Yovera, otro de los grandes periodistas de investigación de Perú, que labora en el prestigioso Cuarto Poder de América Televisión.
La Sociedad Interamericana de Prensa SIP emitió hace unas horas un comunicado oficial desde su sede central en Miami, Estados Unidos, en el que menciona que "Paola Ugaz enfrenta cinco demandas por difamación. Su correo electrónico y comunicaciones telefónicas fueron hackeados. Denunció acoso en las redes sociales."
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) continúa en su comunicado que "expresa preocupación por las continuas acciones legales contra la periodista peruana Paola Ugaz y deploró la utilización de demandas judiciales para amedrentar y desalentar a periodistas." Como me consta personalmente, la SIP, institución al que por mérito propio soy agremiado, sigue abogando constantemente a favor de despenalizar los delitos contra el honor en Perú.
Qué sucede. Nuestro país ha firmado una serie de Tratados Internacionales, entre ellos la Declaración de Chapultepec, Adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994 y firmada por cada uno de los Presidentes de Perú desde su promulgación, en grandes rasgos dice que: los firmantes de esta declaración representamos distintas herencias y visiones. Nos enorgullecemos de la pluralidad y diversidad de nuestras culturas, y nos felicitamos de que confluyan y se unifiquen en el elemento que propicia su florecimiento y creatividad: la libertad de expresión, motor y punto de partida de los derechos básicos del ser humano.
Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos.
Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa.
Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de comunicación. Sabemos que la existencia de la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de las demás libertades públicas.
Sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre.
Allí donde los medios pueden surgir libremente, decidir su orientación y la manera de servir al público, allí también florecen las posibilidades de buscar información, de difundirla sin cortapisas, de cuestionarla sin temores y de promover el libre intercambio de ideas y opiniones. Pero, cuando con el pretexto de cualesquiera objetivos se cercena la libertad de prensa, desaparecen las demás libertades.
Nos complace que, tras una época en que se pretendió legitimar la imposición de controles gubernamentales a los flujos informativos, podamos coincidir ahora en la defensa de la libertad. En esta tarea, muchos hombres y mujeres del mundo estamos unidos. Sin embargo, también abundan los ataques. Nuestro continente no es una excepción. Aún persisten países con gobiernos despóticos que reniegan de todas las libertades, especialmente, las que se relacionan con la expresión. Aún los delincuentes, terroristas y narcotraficantes amenazan, agreden y asesinan periodistas.
Pero no solo así se vulnera a la prensa y a la expresión libres. La tentación del control y de la regulación coaccionante ha conducido a decisiones que limitan la acción independiente de los medios de prensa, periodistas y ciudadanos que desean buscar y difundir informaciones y opiniones.
Políticos que proclaman su fe en la democracia son a menudo intolerantes ante las críticas públicas. Sectores sociales diversos adjudican a la prensa culpas inexistentes. Jueces con poca visión exigen que los periodistas divulguen fuentes que deben permanecer en reserva. Funcionarios celosos niegan a los ciudadanos acceso a la información pública. Incluso las constituciones de algunos países democráticos contienen ciertos elementos de restricción sobre la prensa.
Al defender una prensa libre y rechazar imposiciones ajenas, postulamos, asimismo, una prensa responsable, compenetrada y convencida de los compromisos que supone el ejercicio de la libertad.
Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos.
Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa.
Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de comunicación. Sabemos que la existencia de la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de las demás libertades públicas.
Sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre.
Allí donde los medios pueden surgir libremente, decidir su orientación y la manera de servir al público, allí también florecen las posibilidades de buscar información, de difundirla sin cortapisas, de cuestionarla sin temores y de promover el libre intercambio de ideas y opiniones. Pero, cuando con el pretexto de cualesquiera objetivos se cercena la libertad de prensa, desaparecen las demás libertades.
Nos complace que, tras una época en que se pretendió legitimar la imposición de controles gubernamentales a los flujos informativos, podamos coincidir ahora en la defensa de la libertad. En esta tarea, muchos hombres y mujeres del mundo estamos unidos. Sin embargo, también abundan los ataques. Nuestro continente no es una excepción. Aún persisten países con gobiernos despóticos que reniegan de todas las libertades, especialmente, las que se relacionan con la expresión. Aún los delincuentes, terroristas y narcotraficantes amenazan, agreden y asesinan periodistas.
Pero no solo así se vulnera a la prensa y a la expresión libres. La tentación del control y de la regulación coaccionante ha conducido a decisiones que limitan la acción independiente de los medios de prensa, periodistas y ciudadanos que desean buscar y difundir informaciones y opiniones.
Políticos que proclaman su fe en la democracia son a menudo intolerantes ante las críticas públicas. Sectores sociales diversos adjudican a la prensa culpas inexistentes. Jueces con poca visión exigen que los periodistas divulguen fuentes que deben permanecer en reserva. Funcionarios celosos niegan a los ciudadanos acceso a la información pública. Incluso las constituciones de algunos países democráticos contienen ciertos elementos de restricción sobre la prensa.
Al defender una prensa libre y rechazar imposiciones ajenas, postulamos, asimismo, una prensa responsable, compenetrada y convencida de los compromisos que supone el ejercicio de la libertad.
Al comenzar el nuevo año el presidente de la SIP, Christopher Barnes y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, coincidieron en expresar preocupación por el “acoso legal sistemático” en Perú consistente en la repetida metodología de intimidar a periodistas mediante demandas judiciales.
Barnes, director general de The Gleaner, Kingston, Jamaica, expresó que “si bien los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante la Justicia cuando se sienten agraviados, instamos a los jueces a tener presente el exhorto de 2014 de la Corte Suprema de Justicia de Perú, la cual pidió a los jueces valorar exhaustivamente las demandas contra periodistas antes de admitirlas, debido a que suelen ser interpuestas para detener o censurar investigaciones periodísticas, muchas de ellas sobre corrupción”.
Rock, director del portal La Silla Rota de Ciudad de México, México, agregó que la cantidad de demandas contra la periodista Ugaz demuestra que están tratando de censurarla. Rock agregó que la “criminalización de los delitos contra el honor en Perú tiene un efecto intimidatorio que afecta el ejercicio libre del periodismo”.
La periodista enfrenta cinco demandas por difamación interpuestas por personas vinculadas a la agrupación religiosa Sodalicio de Vida Cristiana. Ugaz viene investigando a la agrupación desde 2010, recientemente sobre sus finanzas, pero, previamente, sobre abuso físico, psicológico y sexual de menores de edad.
Ugaz denunció que su correo electrónico y comunicaciones telefónicas fueron hackeados y que es constantemente acosada en las redes sociales. Lamentablemente, nuestra querida colega no es la única y es ahora 'caserita' del Poder Judicial y de jueces ¿corruptos?, o nada probos, que defienden delincuentes y acusan a investigadores de la prensa.
Ningún periodista está loco para publicar mentiras e ir a la cárcel. Ningún periodista está tan loco de jugarse la vida y la libertad individual o la seguridad de su familia y amigos. Ningún periodista está lo suficientemente orate en acusar a alguien de una forma falsa, que luego pueda ser demolida a fierros o a palos.
Eso sí, puede estar equivocada o las conclusiones de sus investigaciones incorrectas. Bueno, en esos casos tendrá que pagar las consecuencias mediante una reparación civil o quizás ir a la cárcel, al final de cuentas por un delito menor-, pero estas no son denuncias contra Ugaz. Estos son ataques con mira telescópica contra la democracia y la libertad de prensa.
Ahora bien, el gremio de LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA no es el único que ha protestado por este asunto. En su Web Knight Center for Journalism in the Americas...
www.knightcenter.utexas.edu
...denuncia el 31 de julio de 2019 que " La periodista Paola Ugaz tiene una segunda demanda penal, esta vez por hacer supuestas declaraciones falsas como testigo durante el juicio por difamación contra su colega Pedro Salinas. Fuente: Paola Ugaz Twitter.
Durante el juicio, Ugaz negó haber sido la productora del documental “The Sodalitium Scandal” (El escándalo del Sodalicio,) que fue producido y realizado por Al Jazeera. El documental señala que los miembros de esa comunidad religiosa habrían cometido presuntos abusos sexuales y que una empresa inmobiliaria en Piura vinculada al Sodalicio habría supuestamente cometido tráfico de tierras, escribe la autora del artículo Paola Nalvarte.
La declaración de Ugaz fue considerada en la investigación preliminar que abrió el Ministerio Público en su contra, a partir de la denuncia que a título personal presentó el entonces gerente general de la Inmobiliaria Miraflores Perú, Carlos Alberto Gómez de la Torre. Ugaz afirmó que esta compañía inmobiliaria está vinculada al Sodalicio. Gómez de la Torre aseguró al Centro Knight que ya no es gerente general de la inmobiliaria y que esta denuncia la ha hecho a título personal.
“No soy sodálite, por lo que no actúo en representación de esta organización, ni me motiva una revancha al libro “Mitad monjes, Mitad soldados” sobre abusos que publicó la señora Ugaz junto con el señor Salinas. Lo único que me anima es la defensa de mi honor mancillado por el falso y difamador reportaje producido por la señora Ugaz”, dijo Gómez de la Torre.
Lo que señala Gómez de la Torre en su denuncia contra Ugaz es que ella fue la productora del documental de Al Jazeera. Sobre el contenido del documental, Gómez de la Torre afirma que Ugaz produjo un reportaje que va en contra de su honor y que las personas entrevistadas en ese reportaje sobre el Sodalicio dicen falsedades. Además, dijo haberle mandado una serie de cartas notariales a la periodista para que saque el documental de internet, de las cuales nunca obtuvo respuesta.
Asimismo, Gómez de la Torre -continúa la Web- dijo haberle enviado cartas notariales al periodista peruano que hizo la investigación periodística del documental, Daniel Yovera. También afirmó haberle enviado cartas notariales a la productora peruana Pacha Films, que editó el documental, y también a los representantes de la cadena Al Jazeera tanto en Perú como en el Reino Unido.
“Voy a seguir con mi lucha paso a paso hasta que se sepa la verdad, se quite el reportaje de Al Jazeera de internet y sea rectificado mi buen nombre. No voy a descansar en ello, por mí, por mi familia y mi bienestar futuro, y lo conseguiré cueste el esfuerzo que cueste”, dijo el empresario.
Yovera dijo hace algo de medio año al Centro Knight que si bien recibió cartas notariales del representante legal del Sodalicio y sus empresas, estas fueron en respuesta a las numerosas solicitudes de entrevista y al temario de preguntas que él les hizo llegar con anticipación al rodaje, para poder obtener sus respuestas e incluirlas en el documental de Al Jazeera.
El Arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, quien pertenece al Sodalicio, demandó a Ugaz a fines de 2018 por difamación agravada por haber ella publicado siete tuits en su perfil de Twitter sobre él y su comunidad religiosa. En estos tuits, publicados a propósito de la visita del Papa Francisco a Perú, Ugaz informó sobre los presuntos abusos sexuales y supuesto tráfico de tierras que habría cometido el SVC.
Ugaz señaló que lo que busca la reciente denuncia en su contra y las más de 20 cartas notariales que ha recibido de personas y empresas vinculadas al Sodalicio es hostigarla judicial y emocionalmente y hacerla perder el tiempo. Este año ella tiene planificado publicar con la editorial Planeta una investigación sobre las finanzas del Sodalicio.
“Entiendo que a un periodista de investigación, a un periodista en general, cuando publica algo que es duro, que es difícil o que es revelador de una organización poderosa, es pasible de recibir demandas, eso no está desligado de nuestro trabajo, pero en este caso yo no he publicado una línea. Aquí no he publicado nada de ellos, nada, nada, nada”, explicó la periodista.
“Y yo tenía ese día que fui a Piura, que fui testigo de Pedro, la carta de Al Jazeera negando que yo había sido la productora, y la jueza (Judith) Cueva me dijo que ya no aceptaban pruebas en el ese estado del juicio de Pedro y me quede con mi carta. Nunca me la recibió. Eso ya escapa de mí. Yo no salgo en los créditos, no fui la productora, no tengo ninguna relación laboral ni antes ni ahora con Al Jazeera, ni nada”, dijo Ugaz.
Diarmuid Jeffreys, gerente de programas del departamento de investigación del canal en inglés de Al Jazeera, confirmó al Centro Knight que Ugaz nunca fue productora del documental en cuestión.
El Centro Knight tuvo acceso a la carta firmada por Jeffreys el 23 de enero de 2019 y que fue dirigida a la jueza Esthella Alva Pantaleón, quien lleva el caso de Eguren contra Ugaz. En la carta, Jeffreys aclara que Ugaz no formó parte de la producción del documental ni tuvo ninguna injerencia editorial en este. En entrevista con el Centro Knight, Carlos Rivera, abogado defensor de Ugaz, alegó que esta investigación de la fiscalía de Piura basada en la segunda demanda contiene una serie de irregularidades.
“Sin mayor evidencia, el Ministerio Público ha abierto una investigación de carácter penal por un delito contra la administración de justicia en la figura de falso testimonio en juicio. De nuevo, es el sistema penal el instrumento, el garrote con el que se aprieta al periodista”, sostuvo Rivera.
Ugaz recibió una citación del Ministerio Público de Piura para el 18 de junio sin que se haya adjuntado la denuncia que motivó esta investigación, dijo Rivera. “Es una grave omisión que yo creo que es adrede”, interpretó el abogado.
Otra irregularidad que señaló Rivera es que entre las pruebas que fundamentan esta investigación preliminar no habría sido incluido el vídeo del documental de Al Jazeera. Para Rivera es irregular que la Fiscalía admita una denuncia sin verificar las pruebas que señalan la falta.
El abogado de Ugaz mencionó que las únicas pruebas que presentó Gómez de la Torre en su denuncia son los comentarios que hizo la periodista en una entrevista de radio sobre haber colaborado en la producción del documental, y un artículo de Salinas en el cual el periodista la menciona como productora.
Ugaz comentó que fue “una ligereza” de su parte haber comentado en algún momento que participó en la producción del documental.
“Lo que sí reconozco es que fue una ligereza de mi parte decir que era la productora, solo por haber ayudado a Daniel Yovera con algunos datos, alguna información del Sodalicio, pero yo no fui la productora”, dijo Ugaz. Rivera reveló que ya han comenzado las gestiones con Al Jazeera para que pueda comunicar formalmente a la Fiscalía que Ugaz no tiene ningún vínculo contractual ni laboral con su empresa periodística. El periodista Yovera, quien realizó la investigación periodística del documental también negó que Ugaz haya formado parte del equipo de producción contratado por Al Jazeera.
¿Quién será el próximo?
